Tlaxcala, Tlax.- El campo de Tlaxcala volvió a levantar la voz y ahora lo hace con una exigencia puntual: protección real, reglas claras y resultados visibles.
Luego del anuncio sobre la instalación de una mesa de seguridad para el sector agropecuario, el Congreso Agrario Permanente (CAP) adelantó que pondrá sobre la mesa una petición clave: que se tipifique el robo de cultivos como un delito específico, además de atender con mayor firmeza el hurto de maquinaria agrícola y el abigeato.
Para Marcial Gress Roldán, uno de los coordinadores del CAP, la medida llega tarde, pero sigue siendo necesaria. En su postura, “nunca es tarde” para tomar decisiones que beneficien al agro, aunque dejó claro que no basta con anunciar compromisos: deben existir transparencia, claridad en la implementación y presupuesto suficiente para que las acciones realmente aterricen en beneficio de las y los productores.
El dirigente subrayó que la llamada mesa de seguridad para el campo no es una idea nueva, sino una demanda que la organización ha planteado desde hace varios años. Por eso, ahora la expectativa está en cómo se integrará, quiénes participarán y de qué forma se dará seguimiento a los casos que afectan directamente a las comunidades rurales.
Productores piden leyes, seguimiento y respuestas rápidas
Uno de los puntos que más preocupa al CAP es que muchos productores no denuncian cuando enfrentan el despojo de su cosecha o afectaciones en sus herramientas de trabajo. La razón, según explicaron, es simple: los resultados suelen tardar y la confianza en la respuesta institucional sigue siendo baja.
En ese contexto, tipificar el robo de la producción agrícola se ha convertido en una demanda urgente. Actualmente, este tipo de afectación no está claramente establecido en la ley como un delito específico, lo que complica que se castigue con precisión el despojo de cosechas. Para el sector campesino, esto no es menor: se trata de proteger el fruto directo del esfuerzo de quienes trabajan la tierra.
Además, el CAP insistirá en que la prevención no se quede en el discurso. Entre sus planteamientos estará:
- Fortalecer medidas preventivas en comunidades rurales
- Dar seguimiento real a las denuncias ya presentadas
- Mejorar la coordinación entre productores y autoridades
- Garantizar que la seguridad agropecuaria tenga continuidad y no sea temporal
Apoyos al agro sí, pero con reglas claras y visión a futuro
Aunque el CAP reconoció que los nueve compromisos anunciados por el gobierno estatal pueden ser positivos, también advirtió que todo dependerá de cómo se apliquen. Un ejemplo claro es la apertura de ventanillas para acceder a programas hasta el 31 de este mes, donde los productores consideran indispensable que se definan reglas de operación claras y se asegure un presupuesto suficiente para evitar exclusiones.
Otro tema que generó observaciones fue el de los comités de Contraloría Social. Desde el sector, piden que esta figura no se convierta en un simple trámite o “adorno”, sino en una herramienta útil para vigilar el uso de recursos y validar que los apoyos lleguen correctamente.
También se puso sobre la mesa la necesidad de reactivar el Consejo Estatal de Desarrollo Rural, ya que, según el CAP, ese espacio puede convertirse en el verdadero punto de encuentro para el seguimiento, la organización y la participación de las y los productores.
Finalmente, el sector vio con buenos ojos medidas como la campaña permanente con 70 por ciento de descuento en actas de nacimiento, ya que este documento es esencial para acceder a programas sociales. Aun así, la postura es clara: el campo no necesita apoyos momentáneos, sino políticas duraderas que sigan funcionando en los próximos gobiernos y atiendan las necesidades reales de cada productor.
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