Tlaxcala, Tlax.- La reciente reforma al Código Penal de Puebla, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, ha generado preocupación entre periodistas, activistas y ciudadanos, debido a su potencial uso para reprimir la crítica en redes sociales.
Controversia por sanciones al ciberacoso y espionaje digital
La nueva legislación, que entró en vigor el 14 de junio, establece penas de hasta tres años de prisión y multas de 30 mil pesos por delitos como ciberacoso, usurpación de identidad y espionaje digital.
Aunque su objetivo es combatir la violencia en línea, ha sido interpretada por diversos sectores como una herramienta de censura, ya que podría utilizarse para castigar comentarios críticos hacia figuras públicas.
Implicaciones para estados vecinos como Tlaxcala
En entidades como Tlaxcala, donde las redes sociales son un canal clave de denuncia ciudadana, la posibilidad de replicar una ley similar genera inquietud.
Autoridades locales y actores políticos suelen ser objeto de señalamientos por abusos durante actos públicos o uso indebido de recursos, lo que podría motivar intentos de limitar la crítica bajo el argumento de proteger la reputación.
Riesgos para la libertad de expresión
Aunque por ahora no hay propuestas similares en Tlaxcala, el hecho de que la reforma poblana pueda sentar un precedente preocupa a defensores de los derechos digitales.
En un contexto donde las redes se han convertido en uno de los pocos espacios de fiscalización social, el uso discrecional de esta ley representa una amenaza para la libertad de expresión.
El debate está abierto, y la sociedad debe mantenerse vigilante para evitar que la lucha contra la violencia digital se convierta en un pretexto para el silencio impuesto.