Advierten Observatorios de Protección retrocesos en Ley General de Bienestar Animal

Tras realizar un análisis detallado del proyecto frente a las normativas vigentes en los estados, las organizaciones advirtieron que algunas de las disposiciones propuestas limitarían los avances logrados a nivel local.

Su principal preocupación radica en la ambigüedad de ciertos conceptos que otorgarían márgenes de discrecionalidad para la eliminación sistemática de animales, convirtiendo esta práctica en una respuesta institucional en lugar de una excepción médica.

Ante esta situación, los defensores, incluído el OCPA de Tlaxcala, enfatizaron que la legislación debe priorizar medidas preventivas, de atención y control poblacional que estén éticamente sustentadas.

Como alternativa a estas prácticas, los observatorios proponen el reconocimiento jurídico de la figura de "Animal Comunitario" y la exigencia de establecer programas permanentes de Captura, Esterilización, Vacunación y Retorno (CER), acompañados de los recursos necesarios para su ejecución.

Asimismo, subrayan que cualquier procedimiento de eutanasia debe limitarse a una valoración médica individualizada, realizada exclusivamente por un médico veterinario con cédula profesional, evitando que se utilice como una herramienta ordinaria.

Las organizaciones sostienen que una Ley General debe funcionar como un piso mínimo nacional de protección y no como un techo que frene a las entidades federativas interesadas en otorgar mayores niveles de cuidado a los animales, sin distinción de especie ni dependiendo del uso o actividad en la que se encuentren involucrados.

En el ámbito institucional y regulatorio, la alerta señala incongruencias sobre la distribución de facultades y advierte sobre el riesgo de crear obligaciones para los gobiernos locales que carezcan de condiciones reales y presupuestales para su cumplimiento.

Además, los observatorios exigen que el nuevo marco jurídico sea congruente con los avances científicos sobre sintiencia y conciencia animal, respaldados por las Declaraciones de Cambridge y de Nueva York, así como por los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Para evitar que estas regresiones se materialicen, las organizaciones solicitaron la instalación inmediata de una Mesa Político-Técnica de Trabajo antes de que el proyecto avance en su proceso legislativo.

El objetivo de este espacio sería revisar y corregir de fondo el documento, contando con la participación de especialistas en protección animal, derechos humanos, medio ambiente y análisis jurídico.

Finalmente, los activistas aclararon que su intención no es obstaculizar la creación de la ley, sino garantizar que esta represente un progreso genuino y científicamente sustentado.

Hicieron un llamado enérgico a las autoridades para revisar integralmente el texto y asegurar que el nuevo estándar nacional eleve, y no reduzca, la protección y el bienestar de los animales en el país.