Puebla, Pue.- A casi medio año del ataque armado registrado en el bar Lacoss Night Club, autoridades municipales colocaron sellos de clausura en el inmueble ubicado en la capital poblana, hecho que reactivó la atención pública sobre uno de los episodios de violencia más impactantes ocurridos recientemente en la ciudad.
El establecimiento permanecía asegurado por la Fiscalía General del Estado desde noviembre de 2025, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y disparó contra los asistentes, dejando un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas una persona extranjera. Desde entonces, el inmueble se mantenía bajo resguardo ministerial mientras avanzaban las investigaciones correspondientes.
Durante la tarde de este martes, personal del Ayuntamiento de Puebla acudió al sitio para colocar nuevos sellos oficiales vinculados con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, acción que evidenció la apertura de procedimientos administrativos adicionales contra el negocio.
De acuerdo con la información colocada en el inmueble, las medidas implementadas no estarían relacionadas únicamente con los hechos violentos registrados meses atrás, sino también con posibles anomalías en materia de uso de suelo y licencias de funcionamiento.
Aunque hasta ahora el gobierno municipal no ha emitido un posicionamiento detallado sobre las irregularidades detectadas, la clausura volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la supervisión de centros nocturnos y establecimientos de entretenimiento en Puebla, especialmente aquellos que operan en horarios extendidos o en zonas con antecedentes de conflictos y violencia.
El caso también ha generado cuestionamientos ciudadanos respecto a los mecanismos de vigilancia y control administrativo que permiten el funcionamiento de negocios que posteriormente terminan involucrados en investigaciones criminales o situaciones de alto impacto.
Mientras continúan las indagatorias de la Fiscalía, autoridades municipales no descartaron la posibilidad de aplicar sanciones adicionales en caso de confirmarse incumplimientos normativos dentro de la operación del establecimiento.
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