La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha generado ahorros por 83.8 mil millones de pesos en dos años, principalmente mediante medidas de prevención, mejoras en las compras públicas y seguimiento a contratos.
El reporte también incluye sanciones a servidores públicos y particulares, capacitaciones en ética, declaraciones patrimoniales y acciones para detectar posibles irregularidades. El Gobierno federal sostiene que el enfoque busca actuar antes de que las prácticas indebidas generen un mayor impacto en las finanzas públicas.
Secretaría Anticorrupción reporta ahorros millonarios para el Gobierno
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que parte de los recursos se han evitado mediante la revisión de costos de productos, servicios y obras públicas. También mencionó las sanciones administrativas derivadas de malas prácticas detectadas en distintas áreas.
La información oficial señala que el ahorro se obtuvo a través de diferentes líneas de trabajo y no de una sola medida. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también ha planteado un modelo con mayor énfasis en la prevención de posibles actos de corrupción.
Estas son las áreas que concentraron los mayores ahorros
Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, detalló que 29 mil millones de pesos correspondieron a mejoras en las compras, mientras que otros 42.2 mil millones se relacionaron con el seguimiento de la administración de contratos.
A esa cifra se sumaron 4.8 mil millones de pesos derivados del cobro de multas y adeudos, así como penalizaciones y devolución de pagos en exceso. Finalmente, se reportaron 7.8 mil millones por una mayor eficiencia en la organización del gobierno mediante reestructuras administrativas.
La suma de estos cuatro rubros da como resultado los 83.8 mil millones de pesos informados por la dependencia.
También reportan miles de sanciones
El balance presentado por Buenrostro incluye 4 mil 193 sanciones a servidores públicos. De ellas, 3 mil 528 correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Entre las conductas señaladas se encuentran la autorización de pagos indebidos, la sustracción de información y el pago por bienes o servicios que no fueron entregados. También se mencionaron casos de ocultamiento de bienes y hostigamiento o acoso sexual.
Además, mil 737 servidores públicos fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; de ese grupo, 87 ya habían sido notificados y mil 650 permanecían en proceso, de acuerdo con el reporte presentado.
El balance también alcanza a proveedores y particulares
En el caso de particulares, la Secretaría reportó 286 sanciones a proveedores. De ellos, 222 fueron inhabilitados con multa y 64 recibieron únicamente una multa, con un monto acumulado de 147.3 millones de pesos.
También se enviaron 33 expedientes de particulares al TFJA. En materia de protección de datos personales, la dependencia informó de 51 particulares sancionados, con multas por 118.5 millones de pesos.
Por otra parte, se presentaron 517 denuncias relacionadas con posibles delitos durante el periodo señalado, de las cuales 53 fueron vinculadas a proceso.
Prevención y declaraciones patrimoniales
El reporte no se limitó a sanciones. Buenrostro señaló que se han impartido 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad y que 97.7 por ciento de los servidores públicos presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma.
La estrategia preventiva también incluye programas con la Secretaría de Educación Pública, entre ellos Semilleros de la Honestidad, dirigido a primeras infancias, y Rally Cero Corrupción para jóvenes.
La Secretaría informó además que realizó trabajo de sitio en nueve entidades, entre ellas Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán.
El Gobierno prepara cambios para fortalecer la gestión pública
Sheinbaum señaló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja junto con la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en una serie de leyes orientadas a mejorar la gestión pública y prevenir irregularidades.
La dependencia también absorbió parte de las funciones que anteriormente correspondían al INAI. En agosto de 2026, el Gobierno federal informó que se fortalecería la Plataforma Nacional de Transparencia y que se impulsarían cambios para ampliar la información pública disponible.
El balance presentado forma parte de la estrategia gubernamental para pasar de un esquema centrado únicamente en sancionar irregularidades a otro que también busca detectar y prevenir riesgos antes de que se traduzcan en pérdidas o faltas administrativas.
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