Augusto Andrés López Estrada, hijo del senador de Morena Adán Augusto López Hernández, percibió 805 mil pesos brutos en 23 meses por servicios de asesoría en la Cámara de Diputados, según documentación de Emeequis.
El joven fue contratado como asesor por honorarios, con un salario mensual de 35 mil pesos, todo mientras cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, que concluyó en 2025.
Contratos y periodo de trabajo
Los contratos abarcaron de octubre de 2022 a mayo de 2024, y fueron firmados bajo la coordinación de Ignacio Mier Velazco y avalados por la Dirección General de Recursos Humanos a cargo de Rosario Elizabeth Daniel Pablo.
Cada contrato estipulaba servicios profesionales consecutivos, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de los pagos a familiares de legisladores.
Debate sobre ética y servicio público
El caso ha abierto un debate sobre:
- La asignación de recursos públicos
- El papel de los familiares de políticos en estructuras legislativas
- La percepción de honorarios mientras se realizaba un servicio social
Expertos y ciudadanos cuestionan los límites éticos y administrativos de estas contrataciones, sobre todo cuando involucran a jóvenes aún en formación académica.
Antecedentes familiares en cargos públicos
El hermano de Augusto Andrés, Adán Payambé López Estrada, también cobró por asesorías en el Senado de la República y en el Consejo de la Judicatura de Tabasco, antes de concluir sus estudios universitarios.
Estos antecedentes consolidan la percepción pública de familiares de políticos recibiendo recursos sin experiencia profesional completa, lo que aumenta la presión sobre el senador Adán Augusto López para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Impacto en la opinión pública
La revelación del caso ha colocado nuevamente al senador Adán Augusto López en el centro de la discusión mediática, en un contexto donde la sociedad exige claridad sobre el uso de recursos públicos y la ética en la política.
El debate sobre la contratación de jóvenes familiares en cargos públicos sigue vigente, y se plantea la necesidad de revisar procedimientos internos y políticas de transparencia en la Cámara de Diputados.