Claudia Sheinbaum propone nueva ley contra feminicidio con penas de hasta 70 años

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, una propuesta que busca establecer reglas comunes en todo el país para investigar estos casos y evitar diferencias entre entidades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la reforma tiene como objetivo reducir la impunidad y fortalecer la respuesta de las instituciones frente a la violencia contra las mujeres.

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Nueva ley contra feminicidio busca unificar investigaciones y sanciones en México

La iniciativa plantea que todas las fiscalías del país trabajen bajo los mismos criterios para investigar el feminicidio, con perspectiva de género y procedimientos homologados.

Sheinbaum explicó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, asumió la responsabilidad de impulsar medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

La propuesta establece una sanción de 50 a 70 años de prisión para quienes sean responsables del delito de feminicidio, además de contemplar medidas adicionales relacionadas con derechos sucesorios, cargos públicos y reparación integral del daño.

La reforma plantea una definición común del delito en todo el país

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa establece como definición general que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

El proyecto contempla 10 razones para acreditar la existencia del delito, entre ellas:

• Signos de violencia sexual.
• Antecedentes de violencia contra la víctima.
• Estereotipos o prejuicios de género.
• Relaciones de poder o desigualdad.
• Otros elementos que permitan identificar violencia por razones de género.

Además, se incluyen 19 agravantes que podrían incrementar la pena cuando existan circunstancias específicas, como que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos, migrante, esté embarazada o viva con alguna discapacidad.

La iniciativa busca evitar que casos sean clasificados de otra manera

Uno de los puntos destacados por la presidenta fue la intención de fortalecer los procesos de investigación para evitar que muertes violentas de mujeres sean registradas incorrectamente como suicidios u otros delitos.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaja igual el delito de feminicidio”, señaló durante la conferencia presidencial.

El planteamiento también busca reforzar la coordinación entre fiscalías, instituciones de seguridad y autoridades encargadas de atender a víctimas.

Cambios adicionales incluyen restricciones para responsables del delito

Además de las penas de prisión, la propuesta establece consecuencias adicionales para quienes sean encontrados responsables.

Entre ellas se contemplan:

• Pérdida de derechos sucesorios.
• Pérdida de patria potestad, tutela o custodia.
• Destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
• Impedimento de beneficios como amnistías o mecanismos de reducción de pena.

La iniciativa también establece que el delito, la sanción y la reparación del daño sean considerados imprescriptibles.

La propuesta incorpora medidas de apoyo para víctimas indirectas

El proyecto incluye acciones para atender a familiares y personas afectadas por estos delitos, especialmente niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad.

La Secretaría de las Mujeres señaló que se garantizarían servicios como atención médica y psicológica, asistencia jurídica gratuita, apoyo especializado y mecanismos para acceder a la verdad y la justicia.

También contempla la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, además de políticas públicas coordinadas entre autoridades federales y estatales.

El siguiente paso será la discusión en el Congreso de la Unión

La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal deberá ser analizada por legisladores antes de convertirse en ley.

Mientras tanto, el Gobierno de México señaló que mantiene programas de atención para mujeres víctimas de violencia, entre ellos Centros LIBRES, Centros de Justicia para las Mujeres, refugios y servicios de orientación jurídica.