La propuesta de Claudia Sheinbaum para crear una nueva Ley General contra el feminicidio busca unificar la manera en que este delito se investiga y sanciona en todo el país. La iniciativa plantea penas de 50 a 70 años de prisión, incorpora nuevos agravantes y establece medidas para fortalecer la protección de las víctimas y sus familias.
La reforma pretende acabar con las diferencias entre entidades federativas al momento de investigar estos casos y evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas de forma incorrecta.
Nueva ley busca homologar el delito de feminicidio en todo México
La iniciativa presidencial fue recibida por la Comisión Permanente del Congreso y será enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado para su análisis.
Uno de los principales objetivos es establecer una definición única del delito de feminicidio, de manera que todas las fiscalías del país apliquen los mismos criterios de investigación y persecución penal.
Durante una conferencia previa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la intención es reducir al máximo la posibilidad de que una muerte violenta de una mujer sea investigada como suicidio u otro delito distinto, fortaleciendo la perspectiva de género desde el inicio de las investigaciones.
Penas de hasta 70 años y castigos también para la tentativa
La propuesta contempla penas homologadas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean responsables del delito de feminicidio en cualquier entidad del país.
Además, incorpora sanciones para los casos de tentativa de feminicidio, con el propósito de castigar conductas que representen un intento de privar de la vida a una mujer por razones de género, aun cuando el delito no se consume.
Otro aspecto relevante es que la iniciativa incorpora 19 agravantes, las cuales permitirán incrementar la severidad de las sanciones dependiendo de las circunstancias del caso.
Entre los supuestos considerados destacan cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, además de los ataques cometidos con ácido.
La iniciativa también fortalece los derechos de las víctimas
Más allá de las sanciones penales, el proyecto plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como posible feminicidio, aplicando protocolos especializados y perspectiva de género.
Asimismo, propone garantizar derechos para las víctimas directas e indirectas, incluyendo mecanismos de reparación integral del daño y atención especializada para familiares.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la creación de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, con el objetivo de identificar y brindar apoyo a los menores afectados por este delito.
La iniciativa también contempla consecuencias civiles para las personas responsables, como la pérdida del derecho sucesorio y de la patria potestad, cuando corresponda conforme a la legislación aplicable.
Mientras el proyecto inicia su discusión en el Senado, el debate se centrará en los alcances de esta nueva legislación y en la posibilidad de establecer un marco jurídico uniforme que fortalezca la investigación, sanción y reparación del daño en los casos de feminicidio en México.
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