La noche del sábado 2 de agosto, personas privadas de la libertad en el penal de Tuxpan, Veracruz, protagonizaron un violento motín que dejó como saldo siete personas fallecidas y once más heridas, según confirmó el gobierno estatal.
La Secretaría de Seguridad Pública indicó que el control del Centro de Reclusión Social fue recuperado tras un operativo coordinado.
“Como resultado del amotinamiento, se reporta el lamentable fallecimiento de siete personas privadas de la libertad, así como once personas lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales”, informó la dependencia en un comunicado.
Presos denuncian extorsiones y crimen organizado dentro del penal
Videos difundidos en redes sociales mostraron a internos señalando como causa del levantamiento el hartazgo por los abusos y extorsiones perpetrados por el grupo delictivo Grupo Sombra, supuestamente con apoyo de autoridades penitenciarias.
“Ya nos tenía hasta la madre Grupo Sombra, con el apoyo del director del penal y otros mandos. Vendían droga aquí dentro”, acusó un interno en uno de los videos.
Los internos afirmaron que la orden para asesinar a la maestra Irma Hernández salió del mismo penal, y responsabilizaron directamente a este grupo delictivo.
Familiares piden información y temen represalias
Durante y después del motín, se observaron columnas de humo saliendo del penal y una intensa movilización policial y militar. A las afueras del lugar, familiares de los internos se concentraron exigiendo información, temiendo por la seguridad de sus seres queridos.
Reacción de las autoridades
Las autoridades estatales confirmaron que fue necesaria la intervención conjunta de la Guardia Nacional, la Sedena, la Policía Estatal y la Cruz Roja, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para restablecer el orden.
Además, se trasladó a tres internos identificados como los principales generadores del motín a otros centros penitenciarios.
Aunque el gobierno indicó que se continúa trabajando para mantener la seguridad en el penal, no hubo respuesta a las graves acusaciones hechas por los reclusos sobre la presunta complicidad de funcionarios con el crimen organizado.
Esta situación expone la crisis de gobernabilidad y los vínculos entre autoridades penitenciarias y grupos criminales en el sistema carcelario de Veracruz, y exige atención inmediata para evitar nuevas tragedias.
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