La magnitud del decomiso anunciado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato llamó la atención desde el primer momento: 59 millones de litros de presunto huachicol fueron asegurados el jueves 17 de septiembre en San Luis de la Paz.
Pero detrás de la incautación hay una investigación que comenzó 76 días antes y una controversia que todavía está abierta. Mientras la FGR sostiene que detectó indicios de posibles irregularidades, Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA, asegura que la operación de sus instalaciones es completamente legal.
Así comenzó la investigación por el huachicol en Guanajuato
La indagatoria de la FGR se remonta al 3 de julio, cuando su delegación en Guanajuato inició investigaciones a partir de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz.
A partir de esa detención, las autoridades profundizaron en las pesquisas y llegaron hasta tres predios ubicados en Guanajuato, entre ellos uno localizado en un parque industrial de la comunidad La Fragua.
La investigación duró 76 días
Durante ese periodo, la Fiscalía reunió elementos que posteriormente utilizó para solicitar y obtener de un juez órdenes de cateo.
Las diligencias realizadas el jueves 17 de septiembre derivaron en el aseguramiento de los 59 millones de litros de combustible que la propia FGR calificó como un decomiso histórico. La cantidad equivale, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, a alrededor de 2 mil autotanques de Pemex.
La investigación apuntaba a posibles irregularidades relacionadas con la distribución de gasolina regular, gasolina premium o diésel presuntamente de procedencia ilícita.
La empresa cuestiona la interpretación de la operación
El caso tomó un nuevo giro después del operativo. Gas Natural del Noroeste, compañía perteneciente a Grupo SIMSA, afirmó que la operación de su terminal de almacenamiento de combustible es lícita y verificable.
En un comunicado, la empresa sostuvo que sus actividades están reguladas y supervisadas por autoridades federales, estatales y municipales.
La postura de la compañía introduce una disputa sobre los hechos que deberá ser esclarecida durante el desarrollo de las investigaciones. Por ello, la existencia del decomiso no significa por sí misma que todas las posibles responsabilidades señaladas por la autoridad hayan quedado acreditadas.
La FGR señala que aún faltan documentos por entregar
La Fiscalía informó que no había recibido la documentación correspondiente sobre la distribución del combustible por parte de las empresas relacionadas con la operación investigada.
Además, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas sobre presuntas empresas vinculadas al caso y realizan análisis de documentos y entrevistas con directivos.
El expediente, por tanto, no terminó con el cateo ni con el aseguramiento de los hidrocarburos.
El caso pasó a la FEMDO
Tras el reclamo de la empresa propietaria de los inmuebles, la investigación fue turnada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en la Ciudad de México.
Será esa instancia la que deberá revisar los elementos reunidos y determinar si las actuaciones realizadas durante la investigación tienen sustento jurídico, además de continuar con las diligencias correspondientes.
El punto central ahora es esclarecer el origen del combustible, la documentación que ampara su distribución y la posible responsabilidad de las empresas o personas relacionadas con la operación.
Mientras esa revisión continúa, el decomiso de 59 millones de litros permanece como una de las mayores incautaciones de hidrocarburos anunciadas por la FGR, pero las circunstancias que rodean la legalidad de la operación siguen bajo investigación.
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