FGR investiga presunto fraude contra Grupo Herdez mediante juicios laborales

Investigación de la FGR apunta a presuntos fraudes con juicios laborales

Uno de los casos bajo revisión comenzó en 2007 ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, actualmente Fiscalía capitalina, y posteriormente fue atraído por la autoridad federal.

Dentro de la carpeta de investigación aparece el testimonio de Irene León Escamilla, quien relató ante el Ministerio Público parte de la operación que, según su declaración, habría utilizado procedimientos laborales que no correspondían con relaciones de trabajo reales.

Un despacho, en el centro del testimonio

León Escamilla señaló que el procedimiento habría sido promovido desde el despacho de un abogado identificado como Humberto Cavazos Chena. De acuerdo con su declaración, los casos eran presentados como conflictos laborales entre supuestos trabajadores y las empresas demandadas.

La estrategia, según el testimonio incorporado a la investigación, consistía en aumentar los conceptos de una supuesta violación laboral y las cantidades reclamadas para elevar la presión sobre las compañías y buscar que aceptaran un acuerdo económico.

“Estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”, declaró la mujer ante el Ministerio Público.

La revisión de un supuesto trabajador cambió el caso

León Escamilla también afirmó que verificó personalmente el caso de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien aparecía como parte de las demandas.

Según su declaración, la revisión permitió establecer que el hombre no había laborado para ninguna de las empresas morales involucradas, un elemento que forma parte de las líneas de investigación de la autoridad.

El señalamiento, sin embargo, corresponde al contenido de su testimonio y deberá ser corroborado por las autoridades encargadas de la indagatoria.

También investigan un posible embargo contra Grupo Herdez

La carpeta ministerial incluye además referencias a acciones encaminadas a conseguir el embargo de cuentas de Grupo Herdez, después de que la compañía presuntamente se negara a atender las exigencias económicas planteadas mediante el procedimiento laboral.

De acuerdo con la declaración incorporada al expediente, León Escamilla habría recibido instrucciones para realizar las gestiones relacionadas con el embargo de las cuentas del grupo.

La FGR deberá determinar ahora si los hechos investigados permiten acreditar la existencia de una operación coordinada y establecer quiénes pudieron participar en su preparación y ejecución.

Documentos falsos, otra de las líneas bajo revisión

La investigación federal también contempla la posible utilización de documentos apócrifos e información falsa dentro de procedimientos judiciales.

La autoridad tendrá que determinar si estas conductas ocurrieron y, en su caso, si pueden constituir delitos. Mientras la investigación permanezca abierta, las acusaciones y señalamientos contenidos en los testimonios deben considerarse como parte de una indagatoria y no como hechos judicialmente acreditados.