La esposa de Gabriel Hernández, activista y empresario miembro del Colectivo 10 de marzo, relató cómo fueron los días previos al asesinato de su esposo. Tras la retirada de la custodia que le brindaba protección, el activista intentó sin éxito que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se la devolviera, consciente del riesgo que enfrentaba por las amenazas del Cártel del Golfo.
La custodia retirada sin consentimiento ni aviso formal
El 10 de julio, autoridades notificaron a la familia, a través del licenciado Víctor Alfredo Mendoza, que se había retirado la custodia asignada a Gabriel Hernández. Sin embargo, el activista no firmó ningún documento y acudió a la jueza Yolanda para aclarar que su amparo seguía vigente y no fue notificado formalmente de esta decisión.
Intentos fallidos de recuperar la protección
Reyna García, esposa de Gabriel, explicó en entrevista que antes del ataque intentaron restablecer la custodia mediante contacto con el Ministerio Público Erik Aguilar Hernández, quien mostraba disposición para reactivar la protección. Sin embargo, este proceso nunca se concretó y la familia quedó desprotegida pese a las denuncias y amenazas previas.
El atentado fatal y la búsqueda desesperada
El día del atentado, Gabriel y su esposa realizaron compras en una tienda de conveniencia. Mientras ella bajó a comprar, él permaneció en la camioneta blanca. En menos de cinco minutos, hombres armados atacaron al activista. García relató cómo observó la camioneta alejarse lentamente hacia su domicilio y tras correr a su casa llamó a los agentes de protección para pedir ayuda al no encontrar a su esposo ni la camioneta.
Seguridad para la familia y próximos pasos
Tras el asesinato, los familiares fueron trasladados a la unidad antisecuestros para su resguardo. Actualmente, están en proceso de solicitar custodia indefinida, ya que Reyna García planea quedarse en Reynosa, Tamaulipas, para continuar su vida, a la espera de una confirmación oficial por escrito.
Acusaciones contra autoridades y responsables
Gabriel Hernández responsabilizó públicamente a Mario Guitián Rosas, alias ‘La Chispa’, y al fiscal Irving Barrios por proteger al presunto criminal. En un mensaje grabado más de un mes antes del ataque, advirtió que si algo le sucedía a él o su familia, estos serían los responsables.