Solo 81 de los 376 jueces y magistrados en funciones conservarán su cargo, mientras que 295 serán destituidos el próximo 1 de septiembre. La medida se aplicará tras los resultados de la elección judicial realizada el 1 de junio.
Desde el 31 de agosto, más de 700 cargos en el Poder Judicial quedarán vacantes, y serán ocupados por los nuevos juzgadores electos. Esta transición ha generado incertidumbre laboral para quienes no resultaron electos.
Indemnización incierta y veto en la iniciativa privada
Los juzgadores destituidos no tienen certeza sobre la compensación económica que recibirán. Aunque la reforma contempla una indemnización, su monto aún no ha sido definido, y dependerá de lo que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto.
Además, la reforma impide que los destituidos trabajen en el sector privado por un periodo de dos años, lo que limita sus opciones laborales.
“Es una realidad muy compleja para muchos de nosotros”, expresó la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, quien participó en la elección y no resultó electa.
Opciones laborales limitadas dentro del Poder Judicial
Frente a las restricciones, varios jueces planean continuar en cargos de menor jerarquía, como proyectistas o secretarios, con salarios considerablemente más bajos.
“Planeábamos reincorporarnos en cargos inferiores para seguir generando ingresos”, explicó Zúñiga.
Elección judicial de 2027, ¿una segunda oportunidad?
Aunque la elección de 2027 será una nueva oportunidad para reincorporarse como jueces o magistrados, muchos han perdido la confianza en el proceso.
La jueza Zúñiga afirmó que hubo irregularidades en la elección, como candidatos que no hicieron campaña ni promovieron su candidatura, pero aun así resultaron ganadores.
“Fue un proceso decepcionante para muchas personas”, concluyó.