El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta acusaciones por presunto uso indebido de recursos públicos, operaciones con empresas familiares y compras inmobiliarias millonarias. Activistas y legisladores advierten que las investigaciones podrían no prosperar luego de que la Fiscalía General del Estado atrajera los expedientes que antes estaban en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Liliana Flores Benavides, del Grupo de las Seis, asegura que la intención es dictar el inejercicio de la acción penal, calificando el proceso como un acuerdo político.
Fiscalías y control político
Javier Flores Saldívar, titular de la Fiscalía, llegó al cargo en febrero pasado y ordenó atraer las carpetas contra García. Para opositores y colectivos ciudadanos, esto evidencia un posible control político sobre la justicia en Nuevo León.
Triangulación y compras inmobiliarias
Entre los señalamientos destacan:
- Triangulación de más de 200 millones de pesos a través del despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, fundado por García y su padre.
- Compra de terrenos en San Pedro Garza García y Tamaulipas por aproximadamente 1.7 millones de pesos.
Posible daño al erario y gasto en propaganda
La Auditoría Superior de la Federación reportó un posible daño al erario de 24.7 millones de pesos, tras detectar transferencias sin justificación de recursos federales destinados a educación e infraestructura social.
Además, García ha sido criticado por su gasto en propaganda digital, destinando más de 881 mil pesos en un mes para promocionar su imagen en redes, mientras las cuentas oficiales de su administración invirtieron otros 402 mil pesos.
Reacciones de opositores
Aunque el gobernador ha rechazado los señalamientos, opositores y colectivos ciudadanos perciben un debilitamiento del sistema de justicia, cuestionando la imparcialidad de la Fiscalía y el impacto político de la atracción de denuncias.