Ante senadores, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz Marcelo, informó que la pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas del país, al inicio de la pandemia de Covid-19, y en promedio llegó en los meses de abril, mayo y junio de 2020, al 52 por ciento de la población, aunque a finales del año pasado se ajustó a 40.7 por ciento.
En sesión virtual de la Comisión de Economía del Senado de la República, que preside el panista Gustavo Madero, explicó que la pobreza laboral es el porcentaje de la población con un salario inferior al valor de la canasta alimentaria, que en el caso de las zonas rurales es de mil 220 pesos y en las zonas urbanas de mil 720 pesos.
El secretario ejecutivo del Coneval precisó que el incremento de la pobreza laboral se dio, principalmente, por una disminución anual de 4.8 por ciento en el ingreso laboral real y un aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos de 3.7 por ciento en zonas urbanas y de 4 por ciento en zonas rurales.
Detalló que la Ciudad de México, con 14.9 por ciento; Quintana Roo, con 10 por ciento; y Baja California Sur y Tabasco, con 8.3 por ciento, fueron las entidades donde el aumento de la pobreza laboral fue más marcado.
“Que cuatro entidades del país tienen incrementos muy por arriba del promedio nacional y son Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur y Tabasco. Estas cuatro entidades tuvieron incrementos de pobreza laboral en este periodo anualizado muy por arriba del promedio de 3.8 puntos porcentuales. (…) Me parece que la Ciudad de México ejemplifica muy bien cómo nuestra economía, el sector servicios tuvo un fuerte impacto negativo derivado de la contingencia”.
Precisó que Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que mantienen altos índices de pobreza multidimensional, también poseen niveles de pobreza laboral por arriba del 55 por ciento en su población.
Cruz Marcelo recordó que hay más de 140 programas sociales federales y más de 8 mil programas, acciones o intervenciones sociales administrados por los gobiernos de la República, de los estados y de los municipios.
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