San Andrés Cholula, Pue.- Han pasado 28 años desde que Adriana Carreón Fuentes fue asesinada en su propio hogar en Cuautlancingo, Puebla, por su esposo Gildardo “N”. En 1997, en medio de una discusión, el hombre sacó un arma calibre 9 mm y le disparó en presencia de su hija de cinco años. Tras cometer el crimen, huyó llevándose las joyas de la víctima y dejando a su hija con la empleada doméstica, quien también presenció los hechos.
Durante casi tres décadas, el presunto homicida evadió la justicia, ocultándose en diversos estados del país hasta que fue localizado en junio pasado en José Azueta, Veracruz, donde trabajaba como jornalero. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó finalmente la orden de aprehensión pendiente desde 1997, dentro del Proceso Penal 367/1997.
Aunque en ese entonces el delito fue clasificado como homicidio, pues el feminicidio no estaba aún tipificado en la ley mexican, la brutalidad del acto y las circunstancias lo posicionan como un crimen de género.
A pesar de que la Dirección de Medidas Cautelares emitió dos dictámenes que señalan a Gildardo “N” como una persona peligrosa y con alto riesgo de fuga, el juez del Juzgado Penal de San Andrés Cholula determinó concederle prisión domiciliaria.
Esta decisión judicial ha generado una fuerte indignación entre los familiares de la víctima, quienes denuncian que se minimiza la gravedad del crimen y se ignora el historial del imputado como prófugo. La ahora adulta hija de Adriana Carreón, quien fue testigo del asesinato a los cinco años, exige que se haga justicia y se revoque una medida que, consideran, vuelve a poner en riesgo la integridad de la familia y erosiona la confianza en el sistema judicial.
La familia clama por una resolución que esté a la altura del daño provocado y que no perpetúe la impunidad en un caso que ha esperado justicia por casi 30 años.