La International Chamber of Commerce México (ICC México) exhorta a legisladores a crear un marco legal equilibrado que garantice el derecho humano al agua, proteja las actividades esenciales y brinde certeza jurídica a la inversión, clave para la creación de empleo y la competitividad del país.
Riesgos de propuestas legislativas actuales
Diversas propuestas en revisión podrían afectar cadenas productivas críticas como la alimentaria, farmacéutica y energética, especialmente en escenarios de sequías o emergencia hídrica. Se destacan preocupaciones sobre:
- Reducción drástica de la vigencia de concesiones.
- Restricciones ambiguas en transmisión de derechos.
- Incremento de carga regulatoria sin estudios de impacto.
- Concentración de atribuciones en varias autoridades, generando discrecionalidad.
Estas medidas podrían desincentivar la inversión, encarecer bienes básicos y debilitar la resiliencia del país frente al cambio climático.
Propuestas clave del sector industrial
Para una Ley General de Aguas funcional y justa, ICC México propone:
- Seguridad jurídica de concesiones: prórrogas garantizadas si se cumplen obligaciones técnicas y ambientales.
- Definición clara de derechos y acaparamiento: promover un mercado regulado de agua eficiente.
- Carga regulatoria proporcional: implementación escalonada según viabilidad tecnológica.
- Debido proceso y transparencia: procedimientos claros para sanciones, rescates o cancelaciones.
- Armonización normativa: coordinación con leyes mineras, hidrocarburos, energéticas y ambientales.
- Infraestructura e inversión público-privada: certeza sobre recuperación de inversiones y derechos de uso.
- Transparencia con confidencialidad: acceso a información sin comprometer competitividad ni privacidad.
- Régimen transitorio realista: plazos de 3 a 5 años para implementación de sistemas y registros.
Compromiso con un diálogo constructivo
ICC México reafirma su disposición al diálogo técnico para impulsar una Ley General de Aguas que combine protección del derecho humano, competitividad, inversión sostenible y continuidad de actividades estratégicas esenciales para el bienestar de la población.