La planta de amoniaco en Topolobampo volvió a colocarse en el centro del debate luego de que Greenpeace México solicitó detener el proyecto al considerar que representa una amenaza para la salud pública, la biodiversidad marina y los derechos de las comunidades indígenas que habitan la región.
La organización ambientalista anunció nuevas acciones para impedir que continúe la construcción y llamó al Gobierno de México a cancelar el megaproyecto, mientras la empresa responsable busca abrir un diálogo para responder a los cuestionamientos ambientales.
Greenpeace intensifica su rechazo a la planta de amoniaco en Topolobampo
Greenpeace México informó que se sumó a la defensa del territorio emprendida por comunidades indígenas Mayo-Yoreme y colectivos locales que se oponen a la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa.
De acuerdo con la organización, el proyecto, desarrollado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio Proman, tendría capacidad para producir hasta 800 mil toneladas anuales de amoniaco anhidro, un compuesto que, según advirtió, puede afectar los ecosistemas al contribuir a la contaminación del aire, alterar ambientes acuáticos y favorecer la acidificación del suelo.
La Bahía de Ohuira, el principal punto de preocupación
Uno de los argumentos centrales de Greenpeace es la posible afectación a la Bahía de Ohuira, un humedal reconocido como Sitio Ramsar de importancia internacional por su riqueza ecológica.
En este espacio habitan especies como ballenas, delfines, peces y moluscos, además de funcionar como un importante sitio de reproducción para distintas especies marinas. La organización sostiene que tanto la construcción como la operación de la planta podrían modificar el equilibrio natural del ecosistema.
La pesca artesanal, de la que dependen numerosas familias de la zona, también figura entre las actividades que podrían verse impactadas si el proyecto continúa.
El conflicto llegó a empresas y bancos involucrados
Como parte de su estrategia, Greenpeace envió cartas dirigidas a los directivos de Proman y al banco alemán KfW IPEX-Bank, institución vinculada al financiamiento del proyecto.
En esos documentos pidió detener las obras y retirar el respaldo económico, argumentando que existen riesgos ambientales y sociales que deben atenderse antes de avanzar con la inversión.
Mientras tanto, la empresa promotora del proyecto solicitó una reunión con la organización ambientalista para revisar los señalamientos. El encuentro está previsto para el 27 de julio, con el objetivo de intercambiar información sobre los impactos señalados.
El llamado también fue para el Gobierno de México
Además de cuestionar el proyecto específico, Greenpeace pidió al Gobierno federal cancelar la planta de amoniaco y evitar la autorización de nuevas infraestructuras relacionadas con combustibles fósiles que, desde su perspectiva, puedan comprometer los derechos de los pueblos originarios o generar afectaciones ambientales de largo plazo.
El caso mantiene abiertas dos posturas. Por un lado, organizaciones civiles y comunidades insisten en que la prioridad debe ser la protección de la Bahía de Ohuira y sus recursos naturales. Por otro, la empresa responsable busca defender la viabilidad del proyecto mediante el diálogo, en un debate que continúa creciendo por sus implicaciones ambientales, económicas y sociales.
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