Durante años, la extorsión en Michoacán golpeó a productores y comerciantes, pero las autoridades ahora revelaron una cifra que refleja la dimensión del problema: un reducido grupo de presuntos criminales habría obtenido ganancias cercanas a 15 mil millones de pesos mediante este delito.
Las investigaciones también apuntan a que los principales afectados fueron productores de aguacate, limón y frutos rojos, sectores estratégicos para la economía del estado y que durante años denunciaron amenazas y cobros ilegales.
Revelan ganancias millonarias de presuntos extorsionadores en Michoacán
Fuentes oficiales informaron que varios presuntos líderes criminales vinculados a diferentes organizaciones delictivas acumularon ganancias multimillonarias derivadas de la extorsión.
Entre los señalados aparecen Alfonso "N", conocido como "La Quiringua", presunto líder del Cártel de Los Reyes; Luis "N", alias "La Galleta", identificado como jefe de plaza de Los Caballeros Templarios; Gerardo "N", "El Congo", operador regional del CJNG; Jorge Armando, "El Lic", relacionado con el CJNG, y César Alejandro, "El Botox", señalado como líder de Los Blancos de Troya.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades, "El Lic" habría obtenido alrededor de 10 mil 800 millones de pesos en un solo año, una cifra que coloca al CJNG entre las organizaciones con mayores ingresos provenientes de este delito en la entidad.
Las autoridades precisaron que todos los presuntos responsables mencionados permanecen detenidos y enfrentan procesos penales.
El campo fue uno de los sectores más afectados
La extorsión impactó principalmente a productores de aguacate, limón y frutos rojos, quienes durante años denunciaron cobros ilegales impuestos por grupos criminales para permitir la producción, el transporte o la comercialización de sus cosechas.
Además de las pérdidas económicas, varios dirigentes agrícolas fueron víctimas de agresiones por denunciar estos hechos. Uno de los casos más conocidos fue el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón, ocurrido en octubre de 2025 después de haber denunciado presuntas extorsiones.
Estos ataques incrementaron la preocupación entre agricultores y empresarios, quienes durante años solicitaron mayor presencia de las autoridades en las zonas de mayor riesgo.
La estrategia oficial busca frenar este delito
Durante una conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que el combate contra la extorsión se mantiene como una prioridad y que la estrategia estatal se desarrolla en coordinación con la política de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El mandatario explicó que las acciones se concentran principalmente en Uruapan, Apatzingán y Zitácuaro, municipios considerados prioritarios por la incidencia de este delito.
Asimismo, exhortó a la población a presentar denuncias de manera anónima para facilitar las investigaciones y reiteró que en los operativos participan fuerzas federales, estatales y municipales.
Ramírez Bedolla recordó también que el Congreso de Michoacán reformó la legislación para establecer penas de hasta 25 años de prisión contra quienes sean responsables de cometer extorsión, al señalar que la intención es reducir la impunidad y fortalecer la protección del patrimonio de los ciudadanos.
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