Una empresaria mexicana que opera un servicio de taxis autorizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hizo pública una denuncia por presuntos actos de violencia de género, afectaciones patrimoniales y difamación que, asegura, buscan perjudicarla y desplazarla del mercado.
María Guadalupe Espinosa, administradora de Casadey, dirigió su posicionamiento a autoridades federales, funcionarios del aeropuerto, la Secretaría de las Mujeres y medios de comunicación. En el documento expuso su versión sobre un conflicto que, afirma, se mantiene desde febrero de 2020.
Empresaria de taxis del AICM denuncia presunta violencia de género
María Guadalupe Espinosa, propietaria y administradora de Casadey, empresa que presta servicio de taxi autorizado en el AICM, denunció públicamente una serie de actos que atribuye a representantes de otras compañías que también operan en la terminal aérea.
De acuerdo con su posicionamiento, la empresaria sostiene que ha enfrentado violencia física, emocional e intelectual, además de acciones que considera parte de una estrategia para afectar su imagen y la de su empresa.
Es importante precisar que estos señalamientos forman parte de la denuncia pública de Espinosa y que el material proporcionado no incluye una respuesta de las empresas señaladas ni una resolución de alguna autoridad que confirme las acusaciones.
Señala una campaña para afectar a su empresa
La empresaria acusó a un grupo de directivos de empresas del sector de promover información que, según afirma, sería falsa y tendría como objetivo perjudicar su reputación.
En su escrito utiliza términos severos para describir a los representantes que señala y sostiene que las publicaciones habrían buscado presionar a autoridades y afectar las gestiones administrativas relacionadas con su actividad.
Espinosa también afirmó que no conoce ni ha mantenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), salvo los encuentros que describió en su posicionamiento.
Detalla sus encuentros con funcionarios
En el documento, la empresaria mencionó al director ejecutivo de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Autotransporte, Jorge Sánchez Núñez, a quien dijo haber visto en tres ocasiones.
Según su versión, dos de esos encuentros ocurrieron durante asambleas en el aeropuerto y otro tuvo lugar en marzo, durante una reunión encabezada por David Ángel Muñozcano Skidmore, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Autotransporte Federal.
Espinosa indicó que en aquella reunión participaron otros funcionarios y que su intervención fue, según sus propias palabras, franca y transparente.
También aseguró que durante la actual administración únicamente ha realizado trámites administrativos relacionados con sustituciones y bajas de unidades.
La empresaria habla de violencia patrimonial de género
Uno de los principales señalamientos de su posicionamiento es la presunta existencia de violencia patrimonial de género, concepto que Espinosa utiliza para describir las acciones que, desde su perspectiva, estarían dirigidas contra su actividad empresarial por el hecho de ser mujer.
La empresaria sostuvo que su intención es continuar desarrollando su negocio dentro del marco legal y defendió la capacidad de las mujeres mexicanas para participar en actividades empresariales y competir en el mercado.
El señalamiento coloca el conflicto en un ámbito que rebasa la competencia entre compañías, al incorporar acusaciones relacionadas con discriminación y violencia contra una mujer empresaria.
El conflicto queda ahora en manos de las autoridades
Espinosa dirigió su posicionamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a autoridades de la SICT, la Secretaría de Marina, el AICM y la Secretaría de las Mujeres.
Su denuncia plantea la necesidad de que las autoridades conozcan su versión sobre el conflicto y, en su caso, determinen si existieron irregularidades en las actuaciones que señala.
Por ahora, el posicionamiento difundido representa la versión de la empresaria. Para establecer responsabilidades sería necesario conocer también la postura de las empresas mencionadas y, eventualmente, las investigaciones o determinaciones correspondientes de las autoridades competentes.