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Condenan al responsable de la desaparición de Daniela N. aunque su paradero sigue siendo desconocido
Después de más de tres años y medio desde su arresto, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de Tlaxcala dictó una sentencia condenatoria de más de 56 años de prisión para Álvaro N., por su participación en la desaparición de Daniela N., ocurrida en septiembre de 2020.
La autoridad judicial anunció el viernes pasado que esta decisión fue tomada "después de evaluar meticulosamente todas las pruebas presentadas en el caso".
Siguiendo el procedimiento legal establecido, se programó una audiencia para el próximo 30 de abril de 2024, a las 17:30 horas, donde se explicará la sentencia en detalle, brindando una explicación oral y pública de los motivos y fundamentos de la resolución.
Junto con la sentencia de prisión, Álvaro N. también fue multado con nueve mil UMAS por el delito de desaparición forzada.
Sin embargo, a pesar del veredicto contra el responsable, el paradero de Daniela N. sigue siendo desconocido.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), arrestó a Álvaro N. en octubre de 2020, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra por su presunta implicación en la desaparición de Daniela N., quien había sido reportada como desaparecida un mes antes.
Durante la investigación, se llevaron a cabo cuatro registros en propiedades ubicadas en Apizaco, Tzompantepec y Hueypoxtla, Estado de México, donde se encontraron pruebas que fueron incorporadas al expediente, incluido un vehículo Mazda de color negro, propiedad del acusado y posiblemente utilizado en la desaparición de la víctima.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, incluido el ofrecimiento de una recompensa de 300 mil pesos para obtener información sobre el paradero de Daniela N., no se ha logrado encontrar pistas sólidas que conduzcan a su localización.
Mientras tanto, los padres de Daniela N. han mantenido su incansable búsqueda durante casi cuatro años, enfrentando la angustia y la desesperación ante la falta de respuestas sobre el destino de su hija.
La aprobación de la ley para establecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar, utilizando recursos de cuentas de Afores inactivas, ha levantado preocupación en la Alianza Empresarial del Estado de Tlaxcala, que anticipa un posible recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a su posible inconstitucionalidad.
Joseph Rodríguez Ramos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlaxcala, señaló que la transferencia de fondos de Afores a un nuevo ente administrativo plantea un problema legal, ya que las Afores son responsables de gestionar los ahorros de los trabajadores y no se permite que terceros intervengan en su operación.
Rodríguez Ramos destacó que el sector empresarial a nivel nacional está evaluando este asunto y recibiendo asesoramiento legal para determinar la mejor postura a adoptar.
En cuanto al impacto de estas decisiones en los trabajadores, Rodríguez Ramos subrayó que son ellos quienes más directamente se ven afectados por cualquier cambio en el sistema de pensiones, dado que son sus ahorros los que están en juego.
El presidente de la Canaco pidió paciencia para ver cómo evoluciona la situación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, señalando que casos similares han tenido trayectorias impredecibles en el Congreso, con diferentes resultados entre la Cámara de Diputados y el Senado.
El 22 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de pensiones en términos generales con 252 votos a favor, con el objetivo de permitir al gobierno administrar los ahorros de las Afores de personas mayores de 70 años.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) ha solicitado al Congreso del Estado que considere la posibilidad de legislar para establecer un banco de datos de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) que contenga la información de todos los efectivos policiales de la entidad. Esta medida tiene como objetivo facilitar la pronta localización de elementos policiales desaparecidos y contribuir a la investigación de delitos en los que puedan estar involucrados.
Maximino Hernández Pulido, titular de SESESP, envió un oficio al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Gilberto Temoltzin Martínez, instándolo a considerar un estudio normativo que garantice el respeto a los derechos humanos al implementar la obligatoriedad de esta medida.
El oficio específicamente solicita que "la legislación permita establecer de manera obligatoria la extracción, aislamiento, conservación y resguardo de las muestras biológicas del personal de las instituciones de seguridad pública, para posteriormente procesar y registrar su ADN en las bases de datos correspondientes".
El objetivo de esta propuesta es utilizar la base de datos en caso de desaparición de un oficial, al mismo tiempo que se protege la presunción de inocencia de los agentes en caso de estar implicados en alguna situación que requiera investigación.
El exhorto fue emitido por el secretario técnico de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación y Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
Como resultado de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, las instancias federales de seguridad enviaron un exhorto a los Secretarios Ejecutivos de Seguridad Pública de las entidades federativas, instándolos a considerar la viabilidad de implementar en su legislación la obligatoriedad de que el personal de las instituciones de seguridad pública entregue su muestra biológica para extracción, procesamiento y registro de ADN. Esto se hace para establecer un marco legal que permita respetar el derecho humano a ser buscado e identificado en caso de desaparición o en la investigación de delitos.
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