Tlaxcala, Tlax.- El Plan de Política Criminal 2025, elaborado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, reveló que la violencia sexual se concentra principalmente en niñas y adolescentes de 10 a 17 años. Este grupo fue el más afectado en carpetas de investigación por abuso sexual, hostigamiento y acoso, evidenciando un patrón de riesgo para mujeres en etapa escolar y de primera juventud.
Municipios con mayor incidencia
Los datos señalan que Tlaxcala capital y Apizaco lideran los registros de violencia sexual, seguidos por Chiautempan y San Pablo del Monte. Los espacios de mayor vulnerabilidad incluyen escuelas, transporte público y domicilios particulares.
Perfil de los agresores y subregistro de casos
La mayoría de los agresores tenían un vínculo cercano con las víctimas, como padres, padrastros, parejas sentimentales o conocidos del entorno escolar. Esta cercanía influyó en el bajo nivel de denuncia, debido a dependencia familiar, económica o miedo a represalias.
Por su parte, municipios como Zitlaltepec, Emiliano Zapata y Tecopilco registraron cifras bajas o nulas, lo que podría indicar subregistros por falta de acceso a justicia o desconocimiento de mecanismos de denuncia.
Violencia de género y medidas de protección
El informe también destaca que la violencia familiar se concentra en Tlaxcala, Apizaco y San Pablo del Monte, ligada a alcoholismo y precariedad laboral.
Respecto a órdenes de protección y medidas cautelares, hubo un aumento en zonas urbanas, mientras que los municipios rurales presentan limitado acceso a protección, generando un rezago en la atención a mujeres en situación de riesgo.
Feminicidios y retos estructurales
Aunque los feminicidios presentan cifras bajas comparadas con otros estados, los casos en Apizaco y Chiautempan afectaron mayormente a mujeres jóvenes con antecedentes de violencia familiar.
El Plan concluye que Tlaxcala enfrenta un reto estructural en violencia de género, y que la violencia sexual contra niñas y adolescentes requiere atención prioritaria. La Fiscalía propone:
- Reforzar programas preventivos en escuelas.
- Capacitar a policías municipales en atención a víctimas.
- Garantizar seguimiento de órdenes de protección, especialmente en zonas con menor infraestructura institucional.
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