Tlaxcala, Tlax.- En Tlaxcala ya suman 36 personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) por incumplir con la manutención de sus hijas e hijos. Lo que llama especialmente la atención es el ritmo de crecimiento del padrón: 29 de esas inscripciones se realizaron durante 2026, de acuerdo con los registros integrados por el Poder Judicial del Estado.
El registro comenzó a operar en 2025 como una herramienta para concentrar información sobre personas deudoras alimentarias morosas y fortalecer los mecanismos legales destinados a garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban los alimentos que les corresponden.
El registro de deudores alimentarios crece en Tlaxcala
De las 36 personas que aparecen inscritas en Tlaxcala al corte de agosto, siete fueron incorporadas durante 2025 y 29 en lo que va de 2026. La diferencia muestra un incremento importante en el uso de este mecanismo en la entidad.
El RNOA surgió a partir de la reforma publicada en 2023 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de establecer un padrón nacional de personas que mantienen adeudos relacionados con obligaciones alimentarias.
Más allá de concentrar información, la medida busca que el incumplimiento de una pensión alimenticia tenga consecuencias jurídicas y que las personas responsables cumplan con una obligación directamente relacionada con el bienestar de sus hijas e hijos.
Así inicia el procedimiento en Tlaxcala
En la entidad, el proceso comienza en los Juzgados de lo Familiar del Poder Judicial, donde se determina, mediante el juicio correspondiente, si existe un incumplimiento de la obligación alimentaria.
Una vez acreditada la morosidad, el área de Planeación, Estadística y Normatividad del Tribunal Superior de Justicia del Estado realiza las gestiones necesarias para incorporar a la persona deudora al padrón nacional.
El procedimiento, por tanto, no implica una inscripción automática ante cualquier falta de pago. La incorporación ocurre después de que se acredita jurídicamente el incumplimiento, conforme al procedimiento establecido.
Aparecer en el padrón puede tener consecuencias
La legislación contempla distintas consecuencias para quienes son inscritos como deudores alimentarios morosos. Entre ellas se encuentran restricciones relacionadas con determinados documentos, trámites, cargos y actos jurídicos, dependiendo de los supuestos previstos en las normas aplicables.
El objetivo central es proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos y hacer efectivo el principio del interés superior de la niñez, reconocido tanto en la Constitución mexicana como en la legislación nacional.
En este contexto, el registro funciona como una herramienta adicional para presionar por el cumplimiento de obligaciones que, en muchos casos, representan un apoyo fundamental para cubrir alimentación, educación, salud y otros gastos de las personas menores de edad.
Los juicios de pensión alimenticia tienen un peso importante
La dimensión del problema también se refleja en la carga de trabajo del Poder Judicial estatal. La magistrada presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes, ha señalado que alrededor de 60 por ciento de los expedientes atendidos por el tribunal corresponden a materia familiar.
Dentro de esa área, los procedimientos relacionados con pensiones alimenticias se encuentran entre las principales causas de litigio, lo que explica la relevancia que ha adquirido la difusión del RNOA en Tlaxcala.
Ante este panorama, el Poder Judicial estatal emprendió una campaña para dar a conocer el funcionamiento del registro y promover el uso de las herramientas legales disponibles para reclamar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
El dato más reciente deja un punto claro: aunque el padrón todavía concentra a un número reducido de personas en comparación con la población estatal, la mayoría de las inscripciones registradas en Tlaxcala se concretó durante 2026.
Ese crecimiento coloca nuevamente sobre la mesa el cumplimiento de las pensiones alimenticias y las herramientas que existen para exigir que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean respetados.
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