Tlaxcala, Tlax.- La contaminación del río Zahuapan volvió a generar cuestionamientos en Tlaxcala luego de que una empresa textil fuera clausurada por realizar descargas residuales que cambiaron la tonalidad del agua. La respuesta oficial abrió otra pregunta: ¿por qué la autoridad ambiental no había detectado antes a la industria?
El vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que la empresa La Resurrección “no estaba en el radar” de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet), debido a la forma en que estaba registrada y operaba.
¿Por qué la textilera no estaba en el radar de la Propaet?
Durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, Martínez Velázquez explicó que la intervención ocurrió después de una segunda descarga de agua residual al Zahuapan registrada en un periodo de aproximadamente 15 días.
Según el funcionario, a partir del seguimiento de los registros de los desagües, personal de la procuraduría ambiental pudo llegar hasta la fuente de contaminación y proceder con la suspensión de actividades.
La explicación oficial provocó cuestionamientos debido a que el problema ya había sido visible en el río. El propio vocero reconoció que la empresa no se encontraba dentro de los registros que permitían identificarla oportunamente, pues su propietario, Julio César N., opera como persona física y no como persona moral.
La tonalidad rojiza puso el caso bajo los reflectores
El caso llamó especialmente la atención por el aspecto que presentó el agua. Durante su intervención, el funcionario mostró fotografías de los textiles que eran sometidos a procesos de teñido y, al referirse al color observado en el río, incluso comentó que “parece alienígena”.
Más allá de la expresión utilizada, el cambio de tonalidad convirtió el episodio en un asunto de fuerte impacto visual y aumentó los cuestionamientos sobre las condiciones en que se realizaban las descargas.
La autoridad sostuvo que la suspensión permanecerá vigente durante el tiempo necesario para que la empresa cumpla con las disposiciones legales, entre ellas contar con su propia planta de tratamiento de aguas residuales.
La empresa deberá cumplir antes de volver a operar
Martínez Velázquez afirmó que La Resurrección permanecerá clausurada y que su representación acudiría a una junta de avenencia ante la Propaet para establecer los emplazamientos correspondientes.
El gobierno estatal fue tajante en un punto: la empresa no podrá volver a funcionar si no cuenta con la planta de tratamiento que exige la ley.
Todavía no se determina el monto de la multa. De acuerdo con el funcionario, se trata de una empresa pequeña, con una plantilla estimada de entre 50 y 100 trabajadores, que además realizaba trabajos de maquila para otras compañías del sector textil.
Providencia se deslinda de la contaminación
Otro elemento que rodeó el caso fue el señalamiento inicial hacia Providencia, empresa tlaxcalteca que fue mencionada como posible responsable de la tonalidad rojiza del río.
Sin embargo, la compañía emitió un comunicado para deslindarse de la descarga. El vocero estatal defendió a la empresa y aseguró que cuenta con tecnología y plantas tratadoras en sus fábricas, por lo que consideró poco probable que fuera responsable.
Incluso planteó que el intento por relacionarla con el episodio podría tener algún trasfondo político, aunque no presentó mayores elementos para sustentar esa posibilidad.
El caso, por ahora, queda centrado en La Resurrección, cuya actividad permanece suspendida mientras enfrenta el procedimiento ante la autoridad ambiental.
Gobierno niega favoritismo hacia familiar de exfuncionaria
Durante la misma conferencia, el vocero también rechazó señalamientos difundidos en un medio digital sobre un supuesto favoritismo hacia Emilio Rodríguez, padre de Josefina Rodríguez Zamora, exsecretaria de Turismo de Tlaxcala y actual funcionaria federal del sector.
Martínez Velázquez afirmó que no existe ningún trato preferencial y explicó que Emilio Rodríguez solicitó en 2014 un crédito por 592 mil pesos ante el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax).
De acuerdo con su versión, después de una década de moratoria, el organismo inició un proceso judicial mercantil que continúa debido a un amparo promovido dentro del procedimiento.
El funcionario sostuvo que el asunto deberá resolverse conforme a las instancias legales correspondientes y rechazó que exista protección política para el empresario.
La polémica deja dos asuntos abiertos en Tlaxcala: el procedimiento que determinará las sanciones contra la textilera y las medidas necesarias para evitar nuevas descargas al Zahuapan, además del proceso jurídico relacionado con el crédito señalado por el gobierno.
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