Tlaxcala, Tlax.- En una sesión extraordinaria, las y los diputados de Tlaxcala aprobaron una reforma constitucional que busca hacer más eficiente el uso del dinero público. Esta decisión marca un paso importante hacia un modelo de gobierno más ordenado y transparente.
Uno de los puntos más relevantes es que los ayuntamientos tendrán una estructura más definida, integrándose por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. Esto se hará bajo principios de proporcionalidad, paridad de género e igualdad sustantiva, lo que también abre paso a una representación más equilibrada.
Además, esta reorganización busca que las administraciones municipales funcionen de forma más clara, evitando excesos y promoviendo un mejor desempeño institucional.
Límites al gasto y eliminación de privilegios
Otro aspecto clave de la reforma es que se establecen límites estrictos a los ingresos y beneficios de servidores públicos en materia electoral. Esto incluye la prohibición de seguros privados y prestaciones fuera de la ley.
La intención es clara:
eliminar privilegios y garantizar que los recursos públicos se usen con responsabilidad
Con estas medidas, se pretende consolidar una administración basada en principios como legalidad, honradez, eficiencia y transparencia, algo que durante años ha sido una demanda constante de la ciudadanía.
Control del presupuesto y respaldo ciudadano
En el ámbito legislativo, la reforma también introduce un cambio importante: el presupuesto anual de los congresos locales no podrá superar el 0.70% del total estatal. Este ajuste busca asegurar disciplina financiera y evitar gastos excesivos.
Cabe destacar que esta medida entrará en vigor en la siguiente legislatura, lo que permitirá una transición ordenada hacia este nuevo esquema.
Durante la exposición de motivos, se subrayó que esta reforma responde a un proceso nacional de consulta, donde la ciudadanía mostró su apoyo a políticas de austeridad y mayor control del gasto público.
Finalmente, con esta aprobación, el Congreso de Tlaxcala refuerza la confianza ciudadana, apostando por instituciones más responsables, eficientes y alineadas con las necesidades actuales del país.
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