Secretario de Panotla subirá al ring legal a ex diputado del PT, lo denuncia por difamación

El anuncio fue realizado por Calva tras un homenaje del Ayuntamiento de Panotla en la capital tlaxcalteca, donde dejó en claro que serán las autoridades competentes las encargadas de deslindar responsabilidades.

"Por mentiroso y por difamación", sentenció el secretario al confirmar la ruta jurídica que emprenderá para defender su figura y la del gobierno municipal.

La controversia se originó a partir de la reciente intervención de Covarrubias durante la detención de un joven, identificado únicamente como Axel.

De acuerdo con la versión del secretario, esta era la tercera ocasión en que el individuo era presentado ante las autoridades municipales; detalló que en una detención previa se le habían localizado bolsas con un "material cristalino", aunque precisó que el municipio no cuenta con facultades periciales para dictaminar la naturaleza de dicha sustancia.

Durante el altercado, el exdiputado realizó una transmisión en vivo en la que acusó a la autoridad de intentar cobrar una multa de 2 mil 600 pesos y de aplicar disposiciones jurídicas incorrectas.

Franklin Calva desmintió categóricamente esta narrativa, evidenciando que Covarrubias argumentaba violaciones al Reglamento de Tránsito cuando en los hechos no estuvo involucrado ningún vehículo, ni siquiera una bicicleta.

Ante esta falta de información, el secretario sugirió que la intromisión del exlegislador buscaba únicamente "el reflector" y el protagonismo, más que el bienestar del joven detenido.

El conflicto alcanzó un punto crítico debido a que el Ayuntamiento también analiza proceder legalmente por los riesgos de seguridad detonados durante el incidente.

Según la declaración de Calva, Covarrubias habría incitado a la violencia al convocar a más habitantes de la comunidad para confrontar a los policías municipales.

La gravedad de la situación escaló cuando, según afirma el funcionario, en las propias imágenes difundidas en vivo se pudo observar a personas encapuchadas manipulando una unidad vehicular perteneciente a los oficiales.

Con estas acciones jurídicas en puerta, el choque entre ambas figuras públicas abandona la discusión en redes sociales para trasladarse a los tribunales, dejando en manos de la justicia la resolución de un conflicto marcado por acusaciones de alteración del orden, difamación y un presunto uso político de las labores de seguridad pública.

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