Tlaxcala, Tlax.- La SCJN invalidó un cobro incluido en la Ley de Ingresos de San Damián Texóloc, al considerar que el Congreso de Tlaxcala permitió al municipio intervenir en una actividad cuya regulación corresponde exclusivamente a la Federación.
La resolución de la controversia constitucional 20/2026 puso bajo revisión una disposición que obligaba a responsables de instalaciones subterráneas y tuberías utilizadas para transportar, almacenar o distribuir gas natural y otros hidrocarburos a obtener una licencia municipal. La propia documentación de la Corte identifica el ordenamiento como la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2026.
La SCJN pone límite al cobro de Texóloc por instalaciones de hidrocarburos
El artículo 27, primer párrafo, de la Ley de Ingresos establecía una licencia de funcionamiento para quienes utilizaran o fueran responsables de instalaciones subterráneas o tuberías relacionadas con el traslado, almacenamiento y distribución de gas natural u otros hidrocarburos.
La tarifa contemplaba 2.5 UMA por metro, metro cuadrado o metro cúbico, según las características de la instalación, además de 20 UMA por cada registro de instalación subterránea. La disposición fue impugnada por el Poder Ejecutivo Federal mediante la controversia constitucional 20/2026.
El punto central: quién puede regular los hidrocarburos
La discusión no se limitó a determinar si el municipio podía cobrar una licencia. El punto de fondo fue establecer hasta dónde llegan las facultades municipales cuando una infraestructura está vinculada con actividades del sector energético.
De acuerdo con la información del expediente, los municipios sí conservan atribuciones en materias como desarrollo urbano, uso de suelo, construcciones, ordenamiento territorial y protección civil. Sin embargo, la Corte consideró que esas facultades no pueden utilizarse para regular directamente actividades cuya conducción corresponde al ámbito federal.
La resolución se apoyó, entre otros elementos, en las disposiciones constitucionales que reservan al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de hidrocarburos y en el marco legal federal que regula actividades como el transporte, almacenamiento y distribución de estos productos.
El Congreso de Tlaxcala defendió el cobro
Durante el procedimiento, el Congreso local sostuvo que la disposición no buscaba regular el sector energético, sino ejercer atribuciones municipales relacionadas con el territorio y generar ingresos para la hacienda de San Damián Texóloc.
Sin embargo, ese argumento no prevaleció ante la Corte. El criterio del Pleno fue que el cobro estaba vinculado específicamente con instalaciones destinadas al traslado, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, por lo que rebasaba el ámbito de actuación municipal.
La propia documentación del expediente señala que el proyecto estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama y planteó declarar fundada la controversia e invalidar el primer párrafo del artículo 27 de la legislación municipal.
Una decisión que impacta la relación entre municipios y Federación
El caso de Texóloc se suma a otros asuntos en los que la SCJN ha revisado cobros municipales relacionados con actividades cuya regulación corresponde al orden federal.
En junio de 2026, por ejemplo, la Corte informó sobre la invalidez de disposiciones de leyes de ingresos municipales que invadían competencias federales en materia de infraestructura de telecomunicaciones. En ese mismo comunicado reportó un caso de Tlaxcala, Acuamanala de Miguel Hidalgo, relacionado con cobros por licencias de funcionamiento para actividades vinculadas con hidrocarburos.
Para Texóloc, el efecto inmediato es la expulsión del orden jurídico de la disposición cuestionada, una vez que surtan efectos los puntos resolutivos conforme a lo establecido por la resolución.
La controversia también deja un mensaje jurídico de fondo: las facultades municipales para ordenar el territorio no pueden convertirse en mecanismos para regular actividades reservadas constitucionalmente a la Federación.
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