Tlaxcala, Tlax.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una disposición de la Ley de Ingresos de Panotla para 2026, al considerar que el Congreso de Tlaxcala invadió facultades exclusivas de la Federación en materia de hidrocarburos.
La decisión fue tomada por unanimidad durante la sesión de este martes y dejó sin validez el artículo 55, relacionado con licencias y cobros aplicables a instalaciones subterráneas y tuberías utilizadas para transportar, almacenar o distribuir gas natural y otros hidrocarburos.
SCJN determina que Panotla no podía cobrar por instalaciones de hidrocarburos
El asunto correspondió a la controversia constitucional 3/2026, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Tlaxcala. La ministra Loretta Ortiz Ahlf estuvo a cargo de presentar el proyecto ante el pleno.
El artículo impugnado establecía que las personas físicas o morales responsables de infraestructura utilizada para el traslado de hidrocarburos mediante ductos, gasoductos o tuberías debían obtener una licencia de funcionamiento expedida por el municipio.
La disposición también contemplaba pagos de 3.1 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por metro, además de 175 UMA por cada registro de instalación subterránea. Los derechos debían cubrirse durante el primer bimestre del ejercicio fiscal.
El problema no era solo el cobro, sino la materia que regulaba
De acuerdo con el análisis de la Corte, los municipios sí cuentan con atribuciones para administrar su hacienda y establecer determinados derechos. Sin embargo, esas facultades tienen límites cuando se involucran materias que la Constitución reserva expresamente a la Federación.
En este caso, los ministros determinaron que la regulación estaba directamente vinculada con el transporte, almacenamiento, distribución y operación de infraestructura para hidrocarburos, por lo que el Congreso local no podía establecer una licencia municipal bajo esas condiciones.
El costo del permiso, además, se calculaba tomando como referencia la infraestructura utilizada para el transporte de hidrocarburos. Para la SCJN, esto iba más allá de un trámite administrativo ordinario.
La Corte también descartó que fuera un trámite municipal común
La resolución señaló que la licencia implicaba aspectos técnicos relacionados con actividades cuya regulación corresponde a autoridades federales. Por ello, no podía justificarse únicamente como una facultad administrativa del Ayuntamiento de Panotla.
Con esta determinación, el máximo tribunal consideró que el artículo 55 de la Ley de Ingresos de Panotla para 2026 era contrario a la Constitución y que el Congreso de Tlaxcala había rebasado sus atribuciones.
La decisión se sustentó en las disposiciones constitucionales relacionadas con las facultades federales en materia económica y energética, particularmente los artículos 25, 27, 28 y 73.
Los cobros realizados no serán devueltos
Un punto relevante de la resolución es que la invalidez no tendrá efectos retroactivos.
La disposición dejará de surtir efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del estado. Esto significa que los pagos que ya hayan sido realizados bajo ese concepto no serán reembolsables.
La resolución se suma a otras determinaciones recientes de la SCJN relacionadas con leyes de ingresos de municipios de Tlaxcala, en las que también se han cuestionado disposiciones vinculadas con el cobro de derechos a empresas del sector de hidrocarburos.
El caso de Panotla vuelve a colocar sobre la mesa los límites que tienen los municipios y congresos estatales al establecer contribuciones o licencias cuando estas terminan involucrando actividades cuya regulación corresponde a la Federación.
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