Tlaxcala, Tlax.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para emitir un nuevo fallo que podría cambiar el rumbo de varios cobros municipales en Tlaxcala. El proyecto plantea anular disposiciones en leyes de ingresos de municipios como Hueyotlipan, Santa Cruz Quilehtla, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco, Terrenate y Panotla, debido a inconsistencias legales detectadas.
El documento, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 125/2025, es impulsado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien advierte que los diputados locales aprobaron cobros que no garantizan claridad ni equilibrio para los ciudadanos. Esto abre un nuevo capítulo en la revisión del sistema tributario municipal en el estado.
La Corte considera que estas medidas podrían generar incertidumbre para los contribuyentes, al no establecer criterios claros en la aplicación de tarifas.
El caso Panotla: ejemplo de tarifas poco claras
Uno de los casos más relevantes es el del municipio de Panotla, donde se detectaron irregularidades en el cobro de servicios como agua potable, drenaje y alcantarillado. El problema principal radica en la falta de definiciones concretas para clasificar a los usuarios.
Las tarifas se establecieron bajo categorías como:
- “pequeño”
- “mediano”
- “grande”
Sin embargo, no se especifica qué criterios determinan cada clasificación, lo que deja al contribuyente en una posición incierta.
No existen parámetros objetivos, como consumo de agua en metros cúbicos o capacidad instalada, que permitan ubicar correctamente a cada usuario. En consecuencia, el ciudadano podría pagar tarifas sin saber exactamente por qué, lo que vulnera principios básicos como la seguridad jurídica y la equidad.
Cobros por nomenclatura también bajo revisión
Otro punto que analiza la SCJN es el cobro por la asignación de nomenclatura oficial en diversos municipios. Las leyes establecen tarifas distintas según el uso del inmueble, ya sea vivienda, comercio o industria.
Estas cuotas van de una a 10 UMAs, lo que, según el proyecto, no refleja una diferencia real en el servicio prestado.
La ministra Loretta Ortiz señala que asignar un número oficial no implica costos distintos, independientemente del tipo de propiedad. Por ello, este esquema rompe con el principio de proporcionalidad tributaria, al cobrar más sin una justificación clara.
Este proyecto será discutido y votado en los próximos días por el pleno de la SCJN, y podría marcar un precedente importante en la forma en que los municipios establecen y aplican sus cobros.
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