Tlaxcala, Tlax.- La presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, Patricia Hernández Lima, acusó al alcalde de Totolac, Benjamín Atonal Conde, de ejercer presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, luego de que fuera separada del cargo y su suplente tomara protesta.
La representante popular afirmó que la decisión ocurrió sin que exista, según su versión, una resolución de una autoridad competente que revoque el mandato que obtuvo mediante el voto ciudadano. Por ello, anunció que buscará promover un juicio político contra el alcalde y los munícipes que respaldaron la determinación.
La disputa por la presidencia de San Miguel Tlamahuco
Hernández Lima sostuvo que la toma de protesta de su suplente, Noemí N., ocurrió durante una sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el viernes 11 de septiembre, a la que aseguró que no fue convocada.
De acuerdo con la presidenta de comunidad, el alcalde justificó la medida con la existencia de un procedimiento administrativo de investigación en su contra. Sin embargo, ella considera que una indagatoria de este tipo no implica por sí misma la pérdida de un cargo obtenido mediante elección popular.
“Mi mandato tiene su origen en el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de mi comunidad”, enfatizó.
La separación habría comenzado desde agosto
La representante señaló que el conflicto se intensificó el 28 de agosto, cuando personal del Órgano Interno de Control acudió a la presidencia de comunidad para ejecutar una suspensión temporal, colocar sellos en las instalaciones y comunicarle una reducción de sus percepciones.
Posteriormente, según su denuncia, el secretario del ayuntamiento, Óscar Carro Minor, y el titular del OIC, José Israel Pérez Ramírez, acudieron acompañados de elementos de seguridad pública para entregar las instalaciones a la suplente.
Hernández Lima afirmó que incluso se habrían cortado candados y cerraduras para concretar la entrega material de las oficinas.
La investigación administrativa está en el centro del conflicto
Acompañada por sus representantes jurídicos, la presidenta explicó que la investigación surgió después de que dos ciudadanos cuestionaran el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas.
La funcionaria aseguró contar con documentación que acredita la presentación de sus informes ante el Cabildo y la ciudadanía. Su defensa sostiene que una investigación administrativa no puede convertirse automáticamente en un mecanismo para remover a una autoridad electa.
Los abogados también señalaron que, desde su perspectiva, el alcalde habría asumido atribuciones que corresponden a otras instancias.
“Lo que no podemos aceptar es que primero se castigue, después se informe y finalmente se pretenda buscar una justificación jurídica para una decisión ilegal previamente ejecutada”, señaló Hernández Lima.
Ya recurrió a autoridades electorales y tribunales
La presidenta informó que presentó distintos medios de defensa. Ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) interpuso desde el 31 de agosto una queja por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.
También promovió ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala un juicio para la protección de sus derechos político-electorales y acudió a la justicia federal mediante un amparo indirecto.
Su representación jurídica adelantó que presentará un nuevo juicio electoral relacionado con la toma de protesta de la suplente, al considerar que ese acto materializó la separación del cargo.
Busca llevar el caso a juicio político
Además de los recursos electorales y judiciales, Hernández Lima anunció que buscará promover un juicio político contra Benjamín Atonal Conde, así como contra los munícipes que respaldaron la determinación.
La presidenta de comunidad sostuvo que el alcalde se habría atribuido facultades que no le corresponden y pidió que las autoridades resuelvan el conflicto por las vías institucionales.
También exigió al Tribunal Electoral de Tlaxcala actuar con celeridad y al ITE continuar con la investigación relacionada con la presunta violencia política de género.
El caso queda ahora en manos de las instancias electorales y judiciales a las que recurrió la funcionaria, mientras continúa la disputa sobre la legalidad de su separación y la toma de protesta de su suplente.
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