PRD arremete contra vocero estatal; alista nueva queja ante ITE por uso indebido de recursos

El líder perredista, Juan Manuel Cambrón Soria, informó que el instituto político presentará una queja formal ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), argumentando que las recientes declaraciones vertidas por el funcionario durante los denominados "Diálogos Circulares" representan una violación directa al marco constitucional y electoral vigente.

De acuerdo con la postura del partido del sol azteca, la intervención del funcionario contraviene lo estipulado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.

El argumento central del PRD sostiene que, al emitir pronunciamientos de carácter político haciendo uso de una plataforma gubernamental, el vocero incurre en un ejercicio indebido de recursos públicos, lo cual vulnera los principios de imparcialidad y equidad que deben regir a los servidores públicos en todo momento.

En su mensaje a los medios de comunicación, Cambrón Soria subrayó que el partido no tolerará lo que calificó como una vulneración a las reglas democráticas y un desvío del propósito institucional de los espacios informativos del estado.

Ante esta situación, el PRD ha adelantado que, además de la queja principal, solicitará la implementación de medidas cautelares ante el órgano electoral local.

El objetivo de esta petición es que el vocero se abstenga de realizar cualquier tipo de pronunciamiento con tintes políticos o electorales que pueda influir indebidamente en la equidad de la contienda.

Este nuevo frente jurídico se suma a un historial reciente de conflictos entre el partido y la administración estatal.

Según precisó el dirigente, con esta acción legal el PRD acumula seis quejas interpuestas durante el actual periodo previo al proceso electoral, un escenario que ha llevado a Cambrón Soria a cuestionar abiertamente la eficacia y celeridad del ITE para resolver los procedimientos sancionadores, advirtiendo que la falta de una respuesta contundente por parte de la autoridad electoral podría incentivar la continuidad de estas prácticas.

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