Tlaxcala, Tlax.- Pobladores de Guadalupe Ixcotla acudieron nuevamente al Congreso de Tlaxcala para exigir la destitución de Blanca Estela Angulo Meneses, presidenta municipal de Chiautempan, a quien acusan de ejercer presión y hostigamiento contra las comunidades en medio del conflicto por terrenos donde se plantea un proyecto del IMSS.
La solicitud también alcanza a los integrantes del cabildo y ocurre mientras continúa la disputa por los campos deportivos comunales, las consultas comunitarias y la situación de las autoridades de Guadalupe Ixcotla.
Pobladores de Ixcotla llevan al Congreso su petición contra la alcaldesa
Integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla, del comité que investiga el proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del grupo de mujeres organizadas “Comunidad Guadalupe Ixcotla. Nuestra Tierra, Nuestra Libertad” ofrecieron una rueda de prensa para exponer su postura.
Explicaron que el 4 de septiembre de 2026 presentaron una denuncia ante el Congreso local para solicitar la destitución de Angulo Meneses y de la totalidad de los integrantes del cabildo. El pasado viernes 11 de septiembre, señalaron, acudieron a ratificarla ante la Secretaría Parlamentaria.
Los pobladores sostienen que diversas acciones del ayuntamiento han sido contrarias a sus derechos colectivos y aseguran que la administración municipal ha ejercido presión para impulsar una obra del IMSS en terrenos utilizados como campos deportivos comunales.
Señalan presión por el proyecto del IMSS
De acuerdo con los denunciantes, el conflicto comenzó a intensificarse desde marzo, cuando, según su versión, fueron derribados árboles en el campo número cinco de la Unidad Deportiva, ubicado en territorio de Santa Cruz Guadalupe.
También acusaron al personal del municipio de realizar visitas y llamadas para insistir en que integrantes de los comités acudieran a reuniones relacionadas con el proyecto del Seguro Social.
Posteriormente, mencionaron las reuniones realizadas el 12 de junio en Santa Cruz Guadalupe y el 14 de junio en Guadalupe Ixcotla, a las que, según los pobladores, acudieron policías municipales, el secretario del ayuntamiento, Olaf Flores Olayo Hernández, y el director de la Comisión de Agua Potable Municipal, Javier Solís Tonix.
Los inconformes cuestionaron la forma en que se desarrollaron esas reuniones y afirmaron que parecían actos políticos con participación de personas de otras comunidades. Estos señalamientos forman parte de la denuncia presentada ante el Poder Legislativo.
El conflicto escaló con el desalojo de julio
Uno de los episodios que los pobladores consideran más grave ocurrió el 5 de julio de 2026, cuando, según su relato, cientos de policías municipales y estatales antimotines participaron en el desalojo de la unidad deportiva.
Los integrantes de los comités calificaron ese episodio como un acto de “violencia de Estado” y lo incorporaron entre los argumentos para solicitar la intervención del Congreso.
Ante este escenario, pidieron que el Poder Legislativo integre una comisión especial para investigar los hechos denunciados y determine las responsabilidades que correspondan.
Además de solicitar la separación de la alcaldesa y del cabildo, plantearon que se investigue a quienes pudieran resultar responsables por las afectaciones que, aseguran, han sufrido las comunidades.
El fallo del TEPJF también entra en la disputa
El conflicto comunitario tiene otro frente relacionado con la situación de José Juan Cuautle Romano, quien había sido destituido por habitantes de Guadalupe Ixcotla como presidente de comunidad.
Los pobladores también se refirieron al reciente fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que confirmó la invalidez de la asamblea mediante la cual se tomó esa decisión.
Sin embargo, destacaron que el tribunal estableció que corresponde a la propia comunidad, mediante sus autoridades tradicionales y conforme a su sistema normativo interno, definir los mecanismos para resolver sus diferencias.
También señalaron que la resolución no impide que la comunidad convoque a una nueva Asamblea General Comunitaria para deliberar y decidir sobre la permanencia o remoción de quien actualmente se ostenta como presidente de comunidad, siempre que se realice por las vías correspondientes y conforme a su normativa.
Los habitantes recordaron que Cuautle Romano había sido destituido por cuestionamientos relacionados con la transparencia del supuesto proyecto del IMSS en los campos deportivos comunales y por el incumplimiento, según sus señalamientos, de convocar anualmente a una asamblea para determinar su permanencia.
El conflicto, así, mantiene abiertos varios frentes: la petición de destitución contra la presidenta municipal y el cabildo, la controversia por los terrenos deportivos y el proyecto del IMSS, además de la disputa interna por la representación de Guadalupe Ixcotla.
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