Tlaxcala, Tlax.- Con pancartas, consignas y bloqueos momentáneos en las sedes del Poder Judicial del Estado y de la Federación, habitantes de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, exigieron la liberación del expresidente comunitario Saúl N., preso desde 2022 por su presunta implicación en un linchamiento.
Denuncian irregularidades en el proceso legal
Los manifestantes, respaldados por colectivos en defensa del territorio y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que el caso ha sido manipulado judicialmente.
Indicaron que actualmente está pendiente un amparo directo ante el Segundo Tribunal Colegiado del XXVIII Circuito, interpuesto en diciembre de 2024. Advirtieron que, si no hay resolución antes del 1 de septiembre, el proceso deberá reiniciarse, lo que implicaría una mayor dilación y prolongación de su reclusión.
“Fue juzgado por ser autoridad indígena”
Brayam Neftaly Pérez Rodríguez, del Centro Prodh, declaró que Saúl fue condenado sin pruebas ni presencia en el lugar de los hechos. Señaló que su condición de autoridad comunitaria y su pertenencia a un pueblo originario fueron elementos utilizados en su contra.
“Eso es discriminación institucional”, acusó.
Linchamiento ocurrió sin participación de Saúl
El linchamiento por el cual fue condenado ocurrió el 15 de abril de 2022, cuando una turba de unas 400 personas sacó a un presunto delincuente de la presidencia comunitaria y lo privó de la vida. Testimonios del juicio afirman que ni Saúl N. ni su coacusado Raymundo N. participaron. Raymundo ya fue absuelto.
Defensa: “Solicitó ayuda y no fue escuchado”
El abogado Carlos David Robles Figueroa sostuvo que nunca se acreditó que Saúl incitara los hechos ni tuviera control sobre la multitud. Al contrario, pidió apoyo a la policía municipal y estatal, pero las autoridades no intervinieron.
“Llegaron más de 300 policías que no actuaron porque el secretario de gobierno y el alcalde no lo permitieron”, aseguró.
Criminalización de líderes comunitarios
Colectivos señalaron que el caso forma parte de una estrategia de criminalización contra defensores del territorio, ya que Saúl lideraba un movimiento para proteger el bosque de La Malinche, amenazado por una plaga de gusano descortezador.
“El tribunal no juzgó con perspectiva intercultural. Dijeron que el linchamiento era parte de los usos y costumbres, sin pruebas. Eso es un estereotipo racista”, acusó el Centro Prodh.
“Un castigo ejemplar para líderes incómodos”
Pobladores de Tlalcuapan ven el encarcelamiento como una forma de represión selectiva. La absolución de Raymundo, tras más de un año preso, reforzó la idea de que ambos fueron usados como chivos expiatorios.
“En nuestra historia no hay antecedentes de linchamientos. Lo que hubo fue omisión del Estado”, expresaron los habitantes.
Advertencia: el proceso podría reiniciarse
La defensa de Saúl denunció dilaciones procesales graves, como suspensiones de audiencias de hasta 30 días, lo cual viola el principio de inmediatez. De no resolverse el amparo antes de septiembre, todo el juicio deberá repetirse, lo que implicaría otro año o más de prisión injusta.
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