Durante la realización del foro "Retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento", el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), insistió en que sea desechada la iniciativa de "Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala".
Esto, ya que, durante la conformación de dicha propuesta las organizaciones de la sociedad civil y la academia no fueron considerados en su construcción.
Asimismo, el CFJG, liderado por la activista Alejandra Méndez Serrano, señala que dicha ley carece de un plan integral de saneamiento de la cuenca del Río Atoyac, pese a que esta es considerada una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA).
Así como no hace mención a la contaminación generada por las industrias que vierten hasta 120 tipos de sustancias causantes de enfermedades crónicas.
Bajo esta perspectiva, el experto Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apuntó que la propuesta" No se orienta al contenido del derecho humano al agua; lo alude sólo como un maquillaje al principio, pero al final más bien se opone al ejercicio de este derecho, cayendo en una situación de inconstitucionalidad e inconvencionalidad".
Así como no incluye garantías al derecho a la información así como tienen una tendencia privatizadora y establece mecanismos de sanción y criminalización de la protesta.
"Tenemos que organizarnos en Tlaxcala y en el país, para que haya leyes para la Vida, no para la industria y no para la iniciativa privada", abundó.
Concluyeron que la actual legislatura debe abrir espacios de participación ciudadana y reuniones de diálogo para una mejor toma de decisiones que permitan la elaboración de una nueva protesta de ley que tome en cuenta la realidad de los cuerpos de agua en la entidad.
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