Tlaxcala, Tlax.- A pesar del compromiso del gobierno estatal con la transparencia, la asignación de nuevas notarías en Tlaxcala se ha manejado con total hermetismo por parte de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Luis Antonio Ramírez Hernández.
Aunque se prometió publicar la lista de aspirantes antes del inicio del curso obligatorio impartido por la consultora Evaluare, hasta el momento no se han dado a conocer los nombres ni se ha informado si todos cumplieron con los requisitos establecidos.
Curso costoso, sin claridad en participantes
El curso, con un costo de 69 mil 600 pesos, comenzó esta semana sin que haya información oficial sobre quiénes fueron aceptados ni los criterios de selección aplicados. Esta situación ha generado desconcierto entre interesados y observadores.
Rumores y nombres polémicos
La incertidumbre crece debido a los rumores que circulan sobre posibles participantes como Arturo de Casa Vega, Max Hernández Pulido, Rubén Terán Águila o el procurador ambiental Iván García Juárez, mientras que otros perfiles como Ernestina Carro Roldán habrían quedado excluidos sin explicación.
¿Solo cubrir vacantes o crear nuevas notarías?
Tampoco se ha aclarado si el proceso busca únicamente cubrir las notarías vacantes o si se planea la creación de nuevas en municipios como Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco y San Pablo del Monte.
Actualmente hay cuatro notarías acéfalas: dos en Calpulalpan, una en Zacatelco (tras la cancelación aún sin fallo público de la patente de Alejandro Moreno) y una más en Tlaxcala capital, tras el reciente fallecimiento del notario Raúl Cuevas.
Sospechas de favoritismo y opacidad
Versiones no oficiales señalan que el proceso ya tiene beneficiarios predefinidos, reviviendo prácticas de administraciones pasadas donde se otorgaron notarías a personajes cercanos al poder. Además, hay sospechas de que algunos aspirantes podrían estar siendo patrocinados con recursos públicos.
Exigen rendición de cuentas
Si el gobierno de Lorena Cuéllar realmente busca romper con los vicios del pasado, debe transparentar el proceso, garantizar la igualdad de condiciones y evitar que la asignación de notarías se convierta en un botín político de fin de sexenio.
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