Tlaxcala, Tlax.,.- El presidente municipal de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, sufrió un revés legal luego de que un Juzgado Federal desechara de plano la demanda de amparo con la que pretendía evadir la reciente reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.
Con esta resolución, el edil, quien también ha perfilado sus aspiraciones para buscar la gubernatura bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), deberá enfrentar de manera ineludible una multa y un procedimiento de responsabilidad administrativa derivados de su negativa a entregar información financiera para su auditoría.
De acuerdo con el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) radicado en el expediente 152, la autoridad jurisdiccional desestimó inmediatamente el recurso promovido contra el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El juez argumentó la improcedencia del juicio de amparo indirecto debido a que se impugnaba una norma de carácter general y de aplicación futura, sustentando su decisión en la jurisprudencia aplicable a leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. Al no entrar siquiera al fondo del asunto, el juzgador federal dejó firme el actuar del ente fiscalizador.
El origen de este conflicto legal se documenta en el oficio LXV/CFT/AL/1760/2026, mediante el cual el Poder Legislativo notificó al alcalde sobre la revisión iniciada por el OFS.
En dicho documento se establece el inicio de un procedimiento para imponerle una sanción económica por omitir la presentación del componente digital de su cuenta pública en tiempo y forma.
Paralelamente, se detonó un procedimiento de responsabilidad administrativa por la evidente falta de información, agravado por el hecho de que el propio ayuntamiento omitió presentar el informe de presunta responsabilidad exigido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En su fallido intento de defensa, Santos Cedillo buscaba invalidar la aplicación de las modificaciones al artículo 200 y otros apartados de la Ley de Fiscalización, normatividad que otorga facultades expresas al OFS para sancionar la no entrega de información en tiempo real.
Tras el rechazo definitivo de la justicia federal, la estrategia de protección del munícipe colapsó por completo, dejándolo expuesto al escrutinio legal.
Ahora, el aspirante ecologista a la gubernatura no solo carga con una sanción por opacidad, sino que será enjuiciado por la autoridad fiscalizadora, lo que ensombrece su cierre de administración.
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