Tlaxcala, Tlax.- Varios municipios de Tlaxcala enfrentan una presión financiera que ya llegó al Congreso local. Alcaldes, síndicos y la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) solicitaron ampliaciones presupuestales y partidas extraordinarias para cumplir resoluciones derivadas de juicios laborales.
El problema no es reciente. Algunas de las controversias tienen su origen en litigios iniciados hace más de una década y ahora representan obligaciones que las administraciones municipales aseguran no poder cubrir con sus presupuestos ordinarios.
Municipios de Tlaxcala buscan ampliaciones para pagar laudos laborales
El ayuntamiento de Chiautempan presentó ante el Congreso local tres solicitudes para obtener suficiencia presupuestal o, en su caso, crear partidas específicas que permitan atender los créditos laborales establecidos en los expedientes 166/2023-A, 381/2014-B y 269/2008-B.
A la petición se sumaron autoridades de San Lucas Tecopilco, cuya presidenta municipal y síndico solicitaron recursos extraordinarios para cumplir resoluciones relacionadas con los expedientes 127/2021-1, 10/2024-B y 249/2022-3.
El escenario también alcanza a Panotla, donde el presidente municipal, Alfonso Carro Roldán, pidió la creación de una partida presupuestal para contar con recursos destinados al pago de diversos laudos laborales.
También Tetlatlahuca enfrenta una obligación pendiente
En Tetlatlahuca, la Comuna solicitó al Poder Legislativo autorizar una ampliación presupuestal que le permita cumplir con el laudo correspondiente al juicio laboral 30/2019-B.
La coincidencia entre los casos es clara: los gobiernos municipales necesitan encontrar recursos para hacer frente a resoluciones laborales que, al convertirse en obligaciones exigibles, pueden representar una presión importante para sus finanzas.
El problema adquiere mayor dimensión porque no se trata únicamente de un ayuntamiento. Al menos cuatro municipios han recurrido al Congreso en busca de una salida presupuestal.
El problema también alcanza al Tribunal de Conciliación y Arbitraje
La situación no se limita a las administraciones municipales. La presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Paola Sosa Vargas, solicitó formalmente al Congreso una ampliación presupuestal para atender la medida cautelar decretada dentro del expediente 106/2025-P.O.L.
Con ello, las obligaciones derivadas de conflictos laborales también alcanzan al órgano encargado de resolver este tipo de controversias.
Por ahora, no se conoce el monto específico solicitado por cada municipio, debido a que la Secretaría Parlamentaria dejó de proporcionar a representantes de medios de comunicación la correspondencia recibida, por instrucciones de los diputados que encabezan los órganos de gobierno del Congreso.
Congreso deberá determinar si existen recursos
Las solicitudes fueron turnadas a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, presidida por el diputado Bladimir Zainos Flores. Esta instancia deberá revisar la viabilidad de las ampliaciones y determinar si existen condiciones presupuestales para atenderlas.
Zainos Flores ha sostenido que los ayuntamientos deben privilegiar los acuerdos, las negociaciones y el diálogo con los trabajadores, con el objetivo de encontrar mecanismos que permitan cubrir las resoluciones utilizando recursos propios antes de solicitar apoyos adicionales al Congreso.
El debate, por tanto, no se limita a autorizar o rechazar nuevas partidas. También pone sobre la mesa cómo deben enfrentar los municipios obligaciones laborales acumuladas y qué margen tienen sus presupuestos para responder a ellas sin comprometer otros servicios y compromisos públicos.
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