Tlaxcala, Tlax.- La diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano pidió “piso parejo” para las mujeres que ocupan cargos de elección popular en Tlaxcala y cuestionó los obstáculos que, según denuncias planteadas ante el Congreso local, pueden dificultar el ejercicio de sus funciones. El señalamiento alcanzó a presidentas municipales, síndicas, regidoras y presidentas de comunidad.
Desde la tribuna, la legisladora sostuvo que ganar una elección no debería convertirse en el inicio de una segunda disputa para conseguir que una autoridad electa pueda ejercer plenamente las atribuciones que le otorgó la ciudadanía.
Laura Flores pide respeto para mujeres electas en Tlaxcala
Flores Lozano fijó su posicionamiento al referirse a situaciones que involucran a mujeres integrantes de ayuntamientos y presidencias de comunidad. En particular, mencionó el caso de la presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, municipio de Totolac, quien ha denunciado irregularidades relacionadas con su separación temporal del cargo.
La diputada fue cuidadosa al señalar que corresponde a las autoridades competentes determinar si los hechos constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG). Sin embargo, consideró que esto no impide revisar si fueron respetados los derechos político-electorales, el derecho de audiencia, el debido proceso y las atribuciones legales de las autoridades involucradas.
El caso de San Miguel Tlamahuco abrió el debate
Al abordar la actuación del Órgano Interno de Control de Totolac, Flores Lozano cuestionó si las medidas adoptadas en el caso de la presidenta de comunidad han recibido un tratamiento equivalente al de otras observaciones relacionadas con el funcionamiento del ayuntamiento.
La legisladora hizo referencia también a documentación sobre el mecanismo utilizado para distribuir participaciones a las presidencias de comunidad y a posibles inconsistencias respecto de lo establecido en el Código Financiero estatal.
Su cuestionamiento, aclaró, no significa afirmar que el órgano de control haya dejado de investigar. Lo que pidió es conocer si hubo una indagatoria, cuáles fueron sus resultados y si se determinaron responsabilidades, en caso de que correspondiera.
“La ley no puede tener dos velocidades”
El planteamiento de la diputada se extendió al funcionamiento de los ayuntamientos y a la relación entre presidentes municipales, integrantes de cabildo y autoridades de comunidad.
Flores Lozano remarcó que una síndica, una regidora o una presidenta de comunidad no ocupa una posición subordinada frente a los alcaldes, sino que ejerce un cargo obtenido mediante elección popular.
El llamado también se relaciona con una problemática que ya ha sido revisada en distintos expedientes del Tribunal Electoral de Tlaxcala. El propio TET mantiene registros de asuntos relacionados con obstrucción del ejercicio del cargo y violencia política contra las mujeres en razón de género en municipios de la entidad.
El antecedente de Santa Catarina Ayometla
La diputada recordó además el caso de una síndica de Santa Catarina Ayometla, sobre el cual previamente había fijado postura por los obstáculos denunciados para desempeñar sus funciones.
En este punto, Flores Lozano diferenció entre exigir la protección de los derechos de las mujeres electas y pretender que estas queden exentas de las responsabilidades que les corresponden.
El caso de Ayometla también forma parte de los asuntos que han llegado al Tribunal Electoral de Tlaxcala. En septiembre de 2026, el organismo reportó que atendió juicios relacionados con una síndica municipal que cuestionó actos y omisiones de integrantes de un ayuntamiento por considerar que afectaban el ejercicio pleno de su cargo y que podían constituir VPMRG.
Investigación y sanciones, pero con procedimientos legales
Ante estos casos, la legisladora pidió que las autoridades encargadas de investigar y resolver las controversias actúen con perspectiva de género, oportunidad e imparcialidad.
Su postura fue que cualquier posible responsabilidad debe determinarse mediante procedimientos legales y con base en las pruebas correspondientes, particularmente cuando se analiza si existe violencia política contra las mujeres.
El tema permanece dentro de la agenda electoral y municipal de Tlaxcala. Tan solo en abril de 2026, el TET declaró acreditada VPMRG en un caso presentado por una síndica de Españita y estableció medidas dirigidas al presidente municipal involucrado.
En ese contexto, el reclamo de Flores Lozano coloca nuevamente sobre la mesa una discusión que va más allá de un ayuntamiento específico: cómo garantizar que quienes llegan a cargos públicos mediante el voto puedan ejercer sus atribuciones dentro del marco legal y sin obstáculos indebidos.
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