Tlaxcala, Tlax. — El Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Tlaxcala asumió el control del peritaje y las gestiones jurídicas luego de que el patrimonio histórico de la capital sufriera severas afectaciones la tarde de este lunes 31 de agosto.
La dependencia federal informó que un equipo especializado de arquitectos fue desplegado a la Parroquia de San José con el propósito de realizar una valoración técnica exhaustiva, tras el choque de un tráiler de servicio público federal contra la estructura del inmueble.
De acuerdo con los reportes del instituto, la inspección se centra en documentar y cuantificar los daños ocasionados por la caja de la pesada unidad.
Durante una maniobra, el vehículo de carga impactó y destrozó un nicho ubicado en el paramento exterior del santuario colonial, específicamente sobre la avenida Miguel de Lardizábal y Uribe.
El objetivo de los arquitectos del INAH es determinar la magnitud del deterioro estructural para establecer las bases de una futura restauración del elemento arquitectónico y religioso dañado.
A la par de los trabajos técnicos en el lugar de los hechos, el INAH precisó que su área jurídica ya ha tomado cartas en el asunto.
La institución dio a conocer que procederá a la elaboración de un convenio legal con la instancia y la empresa responsable del percance, señalada públicamente como la línea Landín.
Mediante este instrumento, el instituto busca obligar a los implicados a asumir los costos y garantizar el resarcimiento íntegro de los daños causados al monumento histórico.
A pesar de la respuesta técnica y jurídica anunciada por la dependencia, el siniestro ha detonado fuertes reclamos sociales que cuestionan la labor preventiva del INAH.
Diversas críticas ciudadanas acusan a la delegación en Tlaxcala de operar bajo una pasividad burocrática y de pronunciar discursos que no se traducen en una protección real del legado histórico.
El malestar radica en la ausencia de vigilancia y en la permisividad institucional que, en aparente omisión conjunta con las policías locales, facilita que el transporte pesado ingrese y degrade el Centro Histórico con total impunidad.
Mientras el INAH concluye con sus dictámenes para fincar responsabilidades, la zona del impacto permanece bajo estricto resguardo.
Personal de Protección Civil y elementos de las corporaciones de seguridad estatal y municipal acordonaron el perímetro para evitar riesgos a los peatones derivados de los escombros y las grietas.
Simultáneamente, agentes de Vialidad Municipal mantienen labores para agilizar el tránsito en la intersección con la calle Miguel Lira y Ortega, exhortando a la ciudadanía a circular con precaución mientras avanzan las diligencias de evaluación patrimonial.
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