Tlaxcala, Tlax.- La diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó una iniciativa ante el Congreso de Tlaxcala que busca transformar la forma en que se fijan las pensiones alimenticias.
La propuesta plantea un cambio importante: dejar atrás criterios mínimos de subsistencia y avanzar hacia un enfoque basado en derechos humanos y vida digna.
En palabras simples, la idea es que las pensiones ya no se calculen solo para cubrir lo básico, sino para asegurar condiciones reales de bienestar y desarrollo integral, especialmente en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
Durante la exposición, se señaló que actualmente muchos casos se resuelven con montos que no reflejan la realidad económica del deudor, lo que termina afectando directamente a quienes dependen de ese apoyo.
El objetivo es claro: garantizar que las decisiones judiciales realmente mejoren la calidad de vida de las familias.
Más facultades para jueces y fin a simulaciones
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es que propone dar a los jueces mayores herramientas para investigar la verdadera situación económica de quien debe pagar la pensión. Esto incluye acceso a información financiera, fiscal y patrimonial cuando existan dudas sobre los ingresos reportados.
Con esto se busca frenar prácticas como:
- Ocultamiento de ingresos
- Subdeclaraciones
- Simulación de capacidad económica
Además, se establece que las pensiones deben considerar no solo alimentos, sino también:
- Salud
- Educación
- Vivienda
- Estabilidad emocional
Es decir, un enfoque mucho más completo que responda a la realidad de las familias.
Protección reforzada para adultos mayores y menores
La reforma también pone especial atención en sectores vulnerables. En el caso de personas adultas mayores, se propone que las pensiones incluyan:
- Gastos médicos y medicamentos
- Tratamientos especializados
- Rehabilitación y cuidados permanentes
Por otro lado, en situaciones de divorcio, se busca garantizar el bienestar de los hijos mediante seguimiento institucional. Aquí entra el DIF estatal, que deberá informar al juez sobre la situación de los menores durante el primer año.
La diputada subrayó que esta iniciativa no crea nuevas obligaciones, sino que fortalece las ya existentes y las alinea con principios constitucionales y estándares internacionales.
En resumen, esta propuesta apunta a construir una justicia familiar más equitativa, humana y efectiva, donde las pensiones alimenticias realmente cumplan su función: proteger y asegurar el bienestar de quienes más lo necesitan.
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