Tlaxcala, tlax., El Gobierno del Estado ha presentado una iniciativa preferente para la creación de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de implementar el Mando Coordinado. Este enfoque se describe como un esquema de colaboración temporal, destinado a asumir las responsabilidades de seguridad pública de los municipios en situaciones que amenacen la paz de sus habitantes, tras un previo diagnóstico.
La propuesta, actualmente en proceso de análisis en el Congreso del Estado, reconoce los desafíos complejos que enfrenta la seguridad en la región, atribuidos a un marco jurídico fragmentado, burocracia excesiva, falta de capacitación, ausencia de leyes específicas y deficiencias en la coordinación y organización.
En respuesta a estas problemáticas, la administración estatal contempla la incorporación del Mando Coordinado dentro del marco de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer tanto institucional como individualmente a los cuerpos de seguridad municipales, en concordancia con los objetivos establecidos en las Mesas para la Construcción de la Paz.
La normativa propuesta incluye disposiciones específicas sobre las circunstancias que justificarían la implementación del Mando Coordinado, tales como la alta incidencia delictiva, la falta de certificación de los cuerpos policiales municipales, el incremento del índice delictivo, la carencia de personal y la ausencia de políticas públicas orientadas a restaurar la paz.
La solicitud para activar el Mando Coordinado puede ser realizada por el Ejecutivo Estatal, los presidentes municipales o la mayoría del Cabildo. En respuesta, el gobierno estatal deberá elaborar un dictamen que contenga un diagnóstico técnico, logístico y estratégico de la situación, así como los mecanismos de colaboración y las estrategias a implementar.
Según lo estipulado en la propuesta, la duración máxima de la intervención del Mando Coordinado será de tres meses, con la posibilidad de prorrogarse en caso de persistir las condiciones que motivaron su implementación, previa aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Además, se establecen disposiciones para garantizar la coordinación entre las autoridades estatales y municipales, así como para la suspensión de la intervención estatal una vez concluido el período determinado o cuando las condiciones que originaron la estrategia hayan desaparecido.
La iniciativa también contempla el fortalecimiento de la Policía Estatal mediante la creación de nuevas divisiones especializadas y la transformación de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en un Secretariado Ejecutivo.
En última instancia, la aprobación de esta ley implicaría la derogación de la Ley de Seguridad Pública del Estado y sus Municipios, promulgada durante el gobierno de Mariano González Zarur en 2014. Se establece un período de un año para la armonización de los reglamentos y disposiciones administrativas pertinentes, así como para la emisión de nuevas leyes relacionadas con las instituciones de seguridad ciudadana.
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