Tlaxcala, Tlax.,- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala inició una ofensiva legal contra la vinculación obligatoria de líneas celulares a personas físicas o morales, al considerar que la medida atenta contra el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la propia Constitución federal.
A través de este recurso jurídico, el partido busca frenar la suspensión de los servicios de telefonía móvil para aquellos usuarios que decidan no registrar sus líneas.
El presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Enrique Padilla Sánchez, dio a conocer que se brindará asesoría jurídica integral y se tramitarán amparos de forma totalmente gratuita no solo para militantes y simpatizantes, sino para la ciudadanía en general.
Para facilitar el acceso a la defensa legal, se habilitarán módulos de atención tanto en las instalaciones del comité estatal como en las distintas sedes municipales de la entidad, con el respaldo de la Secretaría Jurídica partidista.
El procedimiento legal, impulsado contra el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal y los órganos reguladores de telecomunicaciones, combate de manera central el acuerdo emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
De acuerdo con la defensa jurídica del tricolor, representada por Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez, la disposición se aprobó de forma unilateral y sin la consulta social estipulada por la propia legislación en la materia, lo que vulneraría las garantías consagradas en el artículo 6 de la Carta Magna relativas al acceso a las telecomunicaciones y los derechos humanos.
La normativa federal exige que las líneas de telefonía móvil queden plenamente asociadas a una identidad, estableciendo un calendario escalonado entre agosto y diciembre de 2026 para los usuarios de prepago, bajo la advertencia de que la falta de registro derivará en la suspensión definitiva del servicio.
Aunque las autoridades reguladoras argumentan que la custodia de los datos recae exclusivamente en los proveedores privados y descartan la existencia de un padrón administrado por el gobierno, la dirigencia priista sostiene que la medida representa un riesgo injustificado para la privacidad que debe combatirse en tribunales.
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