Por: Cortesía

Tlaxcala

En Suspenso La Operatividad Del Instituto Tlaxcalteca Para Devolver Al Pueblo Lo Robado Ante Acción De Inconstitucionalidad

Tlaxcala, Tlax., Persiste la incertidumbre sobre la operatividad del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, un órgano descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, debido a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas que dieron origen a esta nueva dependencia.

En febrero de 2023, los miembros de la sexagésima cuarta legislatura aprobaron la propuesta impulsada por la titular del Poder Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, que modificaba la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Extinción de Dominio de Tlaxcala.

No obstante, la CNDH ha impugnado diversos aspectos de estas reformas, incluyendo varios artículos y capítulos de la ley, alegando que son incompatibles con la regularidad constitucional. Entre los puntos cuestionados se encuentran disposiciones sobre la administración y destino de bienes sujetos a extinción de dominio, argumentando que la legislatura local no está facultada para regular esta materia, siendo responsabilidad exclusiva del Congreso de la Unión a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La CNDH sostiene que estas disposiciones "vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad", al ser promulgadas por una autoridad sin la competencia necesaria y al duplicar la regulación sobre situaciones ya contempladas en la Ley Nacional correspondiente.

Actualmente, la acción de inconstitucionalidad está en proceso, a la espera de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la procedencia de esta demanda.

Cabe destacar que, en el marco del Paquete Económico 2024, el Congreso del Estado destinó 18 millones de pesos para el inicio de las funciones del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado. Este instituto tiene como objetivo la administración, enajenación, destrucción y destino de bienes, activos o empresas relacionadas con casos de decomiso y extinción de dominio.

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