Tlaxcala, Tlax., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 02/2023, dirigida al ayuntamiento de Xaltocan y a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, por los hechos ocurridos en julio de 2022, donde pobladores pretendían linchar a policías de esa comuna por la muerte de un hombre en lo separos de la dirección de seguridad pública.
Es importante precisar que el conflicto dio inicio cuando un hombre y su hijo fueron asegurados por uniformados de Xaltocan, luego de ser presuntos responsables de un hecho de tránsito.
No obstante, luego de ser sometidos por los policías, fueron trasladados a los separos preventivos, donde más tarde se informó que Quirino N., -el padre- perdió la vida.
Ante la poca claridad sobre las causas del fallecimiento y tras el señalamiento directo del hijo de la víctima hacia los oficiales, culpándolos de haber agredido a su padre hasta matarlo, la población se reunió para exigir y hacer justicia por propia mano.
Todo esto, mientras que elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) trataban de realizar el levantamiento del cadáver; sin embargo, fueron impedidos por la turba.
Tras no idear una mejor estrategia para contener a los manifestantes, entre gas lacrimógeno, el humo de una patrulla incendiada, una lluvia de rocas, así como un helicóptero sobrevolando la zona, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo de reacción que permitió rescatar a tres policías municipales.
Posteriormente, los pobladores ingresaron a la dirección de seguridad pública para continuar con los destrozos; aunque se sorprendieron al ver el cuerpo de la víctima aún adentro.
Fue entonces que ocurrió un nuevo enfrentamiento directo, ahora hubo intercambio de golpes entre policías y pobladores, todo esto, mientras un grupo de efectivos sacaba el cuerpo cubierto con una sábana blanca, sin los protocolos correspondientes y sin ningún respeto hacia la víctima.
Por todo esto, y después de casi un año, el organismo autónomo emitió una recomendación al ayuntamiento de Xaltocan por violación de derechos humanos a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la libertad.
En tanto, a la dependencia encargada de procurar justicia por violación al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, pues la perito médica a cargo del caso, realizó la necropsia a la víctima que perdió la vida y dictaminó una muerte no violenta.
Las autoridades señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos son el presidente municipal, el director, comandante en turno y siete elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, así como la perito médica adscrita a la Procuraduría.
De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su investigación evidencia que los elementos participantes en la detención, ejercieron abuso de autoridad, “al ser evidente que fueron golpeadas por los citados elementos de seguridad pública municipal ocasionándoles lesiones, circunstancia que se corrobora con las declaraciones que realizaron ante la Agencia del Ministerio Público de la PGJE”, dentro de la Carpeta de Investigación.
Asimismo, establecieron que esto derivó de su falta de preparación y capacitación, pues no consideraron los protocolos correspondientes para la detención de dichas personas y que llevaron a la muerte del hoy occiso.
Aunado a esto, contrastaron el dictamen de la perito con el especialista de la CEDH, señalando que la víctima tenía lesiones del lado izquierdo del cuerpo, las cuales, por sus características, se relacionan a daño causado por un posible golpe accidental o provocado, contrario a lo dicho en un primer momento por la servidora pública, sobre que el occiso pareció por un infarto.
Por ello, los puntos recomendatorios establecen que el ayuntamiento deberá iniciar el procedimiento administrativo sancionador ante el Consejo de Honor y Justicia Policial de dicho ayuntamiento, en contra de los intervinientes en este hecho; por su parte el alcalde deberá ser sometido a una investigación.
Deberá dar una disculpa pública y garantizar la reparación del daño a los afectados.
Por su parte, la perito que intervino deberá también ser sometida a una investigación o un proceso administrativo para que se le sancione por las violaciones a los derechos humanos.
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