Tlaxcala, Tlax.,- Una serie de graves irregularidades financieras han puesto en el ojo del huracán al Ayuntamiento de Apetatitlán, presidido por Azaín Ávalos Marbán, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) documentara un alarmante uso de recursos públicos que, lejos de atender las demandas sociales de seguridad y servicios básicos, se destinaron a gastos suntuosos y contrataciones que evadieron los procesos legales de licitación.
Según el Informe 37/68 de la Auditoría Financiera, el municipio incurrió en omisiones críticas que hoy generan cuestionamientos sobre la transparencia y el destino final del dinero de los ciudadanos.
El reporte detalla una gestión marcada por el derroche, destacando el financiamiento de festejos que incluyeron banquetes para 1,500 personas, meseros y la contratación de agrupaciones musicales, como el caso de Jorge Domínguez y su grupo Súper Class, por quienes se pagaron más de 430 mil pesos sin cumplir con la obligatoria invitación a cuando menos tres proveedores.
De manera similar, la administración realizó adquisiciones directas en el rubro de útiles escolares y mantenimiento vehicular, sorteando la Ley de Adquisiciones que busca garantizar los mejores precios y evitar actos de corrupción a través de licitaciones públicas.
A estas anomalías se suma un episodio calificado como irregular respecto a la adquisición de motocicletas para un sorteo municipal.
El OFS detectó que el Ayuntamiento pagó casi 77 mil pesos por dos unidades modelo 2024 a una empresa de Atlixco, Puebla, cuyo giro comercial, según su propia acta constitutiva, es el transporte turístico de pasajeros y no la venta de vehículos.
Esta compra, realizada al margen de la normativa, carece de documentos esenciales como cotizaciones comparativas y el registro formal del fabricante, además de que el CFDI correspondiente no fue emitido a favor del beneficiario final del sorteo, lo que ha derivado en la emisión de una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra el munícipe.
El escenario para el gobierno de Azaín Ávalos se complica ante la detección de sobregiros presupuestales y la contratación indebida de personal, factores que, aunados a la falta de transparencia en las compras, han generado una fuerte indignación social.
Mientras la ciudadanía reclama soluciones ante la carencia de servicios municipales básicos, el ente auditor ha dejado claro que no hubo apego a la legalidad en estas operaciones.
Ante la contundencia de los hallazgos, la responsabilidad recae ahora en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Congreso local, instancias encargadas de determinar las sanciones pertinentes ante lo que se perfila como un posible desvío de fondos públicos.
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