Tlaxcala, Tlax.- Una denuncia por presunta violencia laboral, institucional y de género contra la encargada de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, Yaneli del Razo Enríquez, ya fue admitida y deberá ser revisada por las instancias correspondientes.
El caso tomó mayor relevancia porque la promovente, identificada como Sara N., fue separada de su cargo mientras el procedimiento interno permanecía pendiente de atención. La situación forma parte de los hechos que deberán ser analizados por las autoridades.
Admiten denuncia contra funcionaria del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala
De acuerdo con el oficio de radicación firmado por Carlos Jonathan Pérez Ramírez, actual presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la queja presentada el pasado 16 de junio de 2026 fue admitida para su atención.
El acuerdo establece que el procedimiento deberá conducirse bajo principios de debida diligencia, perspectiva de género, confidencialidad, imparcialidad y no revictimización. También ordena implementar medidas de atención y remitir el expediente a la instancia competente para determinar las posibles responsabilidades.
Entre los antecedentes señalados en el expediente se encuentra que la denuncia no habría recibido el trámite correspondiente durante la gestión del entonces presidente del Comité Coordinador, Juan Carlos Cruz Jiménez.
La separación de la promovente también será revisada
Uno de los puntos que añade tensión al caso es que Sara N. fue despedida del Sistema Anticorrupción mientras su denuncia permanecía pendiente de atención.
La promovente considera que su separación podría constituir una represalia, por lo que este hecho también quedó incorporado entre los aspectos que deberán revisar las autoridades competentes. La determinación final corresponderá a las instancias encargadas de investigar los hechos y valorar las pruebas disponibles.
El acuerdo contempla además medidas para garantizar que la promovente cuente con herramientas, insumos e información institucional necesarios para realizar su labor de manera digna, imparcial y sin discriminación.
También se pidió ajustar la actuación de la funcionaria
Como parte de las medidas adoptadas, se exhortó a Yaneli del Razo Enríquez a ajustar su actuación profesional al Código de Ética y al Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva.
En particular, se estableció que deberá abstenerse de incurrir en conductas como exclusión, descalificación pública, tratos irrespetuosos o cualquier comportamiento que pudiera vulnerar la dignidad humana de la promovente.
El Comité Coordinador también remitió una copia certificada del expediente al Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva, debido a que los hechos denunciados podrían involucrar posibles omisiones o faltas administrativas, abuso de funciones, falta de respeto y probidad, así como un eventual incumplimiento de principios éticos del servicio público.
El caso también llegó a la Fiscalía Anticorrupción
Los señalamientos fueron presentados además ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia que deberá determinar si existen elementos suficientes para acreditar alguna conducta que pudiera constituir un delito.
Por ahora, la admisión de la denuncia no significa que las responsabilidades señaladas hayan sido acreditadas. Corresponderá a las autoridades recabar pruebas y testimonios, analizar los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad administrativa o penal.
El acuerdo cita como parte de su sustento jurídico diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones de la CEDAW, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y normas relacionadas con la prevención de la violencia contra las mujeres y las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
El procedimiento queda así en manos de las instancias competentes, que deberán establecer si los señalamientos cuentan con elementos suficientes y, en su caso, cuáles serían las consecuencias jurídicas correspondientes.
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