Tlaxcala, Tlax.,-La tensión entre los comerciantes ambulantes y las autoridades municipales de Apizaco alcanzó un punto crítico este jueves, cuando un grupo de vendedores se manifestó frente a la Presidencia Municipal para exigir la intervención directa del alcalde Javier Rivera Rivera.
Los inconformes reclaman un cese inmediato a las acciones arbitrarias encabezadas por el coordinador de Comercio en Vía Pública, Benito Ricardo Rojas Saldaña, a quien acusan de incurrir en presuntos abusos de poder y tratos desproporcionados durante los operativos de ordenamiento en el primer cuadro de la ciudad.
La indignación colectiva estalló tras la difusión masiva de un video en redes sociales que muestra un tenso altercado entre inspectores y una comerciante informal.
En las imágenes se observa cómo la mujer, ante el inminente decomiso del sustento diario de su familia, opta por arrojar y pisotear sus propios productos sobre la banqueta para evitar que se los lleven.
El metraje registra además el momento en que Rojas Saldaña sujeta a la comerciante por la espalda, una maniobra calificada por los testigos como un uso innecesario de la fuerza física contra una persona que solo buscaba defender su patrimonio.
El historial del funcionario añade una profunda preocupación al caso. Apenas el 20 de febrero de 2026, la Dirección de Seguridad Pública municipal informó sobre la suspensión indefinida de Rojas Saldaña mientras era investigado por la portación de un arma de fuego y actuación indebida.
Señalamientos internos previos advertían que vestía uniforme y portaba armamento sin estar registrado en la licencia colectiva ni contar con las evaluaciones de control y confianza vigentes.
A pesar de estos antecedentes en el ámbito policial, fue designado posteriormente como titular del área de Comercio en Vía Pública.
Los manifestantes advirtieron que permanecerán vigilantes ante las acciones que tome el Ayuntamiento y exigieron que el alcalde Javier Rivera Rivera revise a fondo el actuar de esta dependencia.
Para los comerciantes, el ordenamiento de la vía pública debe realizarse con apego estricto a los derechos humanos y procedimientos legales, impidiendo que funcionarios con antecedentes de irregularidades continúen encabezando operativos que vulneren el trabajo honrado de la ciudadanía.
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