Este miércoles, el Centro "Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local" (CFJG), llevo a cabo la presentación del Informe "Lucha Colectiva, caudal de agua viva que transforma" en conmemoración por los 22 años de activismo en la entidad tlaxcalteca.
La lucha contra la devastación de la Cuenca del Alto Atoyac y la Trata de Personas, han sido las problemáticas que la organización ha señalado desde su creación, así como la promoción del trabajo comunitario para la construcción de frente común.
Ante la presencia de más de 250 personas que pertenecen a grupos comunitarios, agentes de pastoral y pueblos organizados, Alejandra Méndez Serrano, directora del CFJG, presentó el informe anual de la asociación, destacando logros impulsados por el CFJG y retos.
Entre los logros alcanzados por el centro y el trabajo en conjunto se encuentran la creación del Primer Informe Estratégico Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral, elaborado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) que fue publicado a finales de 2023.
Con base en este informe que muestra el nivel de afectación ambiental de la industrialización el gobierno del Estado se vio obligado a reconocer el problema y modificar el discurso que por años había minimizado la gravedad de la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac.
Además se destacó el trabajo para detener la propuesta de Ley para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento del estado de Tlaxcala, ya que esta no garantiza a el derecho humano al agua además de que criminalizaba la protesta social.
Por otro lado, ante la violencia extrema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, desde el CFJG se destacó el importante trabajo que realiza de manera articulada con profesores, profesoras y directivos para prevenir el problema.
Sumado a que se ha construido de manera conjunta una propuesta de “Programa educativo contra la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres”, mismo que deberá ser aprobado e implementado por la SEPE.
