Tlaxcala, Tlax.- Dos iniciativas presentadas ante el Congreso de Tlaxcala buscan modificar el marco jurídico estatal en temas que van desde el aprovechamiento de residuos hasta la participación de personas con discapacidad en actividades científicas y tecnológicas.
Las propuestas fueron planteadas por las diputadas María Aurora Villeda Temoltzin y Gabriela Hernández Islas, quienes impulsan, por separado, una nueva legislación sobre economía circular y cambios a la Ley de Ciencia y Tecnología estatal.
Tlaxcala busca actualizar sus reglas sobre economía circular y ciencia incluyente
La primera iniciativa plantea expedir una Ley de Economía Circular del Estado de Tlaxcala, con la intención de sustituir gradualmente el modelo basado en producir, utilizar y desechar por uno que priorice la reducción, reutilización, reparación, restauración, remanufactura, reciclaje y valorización de materiales.
La propuesta llega después de la expedición de la Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026. Esta legislación nacional establece mecanismos para prolongar la vida útil de los productos, aprovechar residuos y coordinar atribuciones entre los distintos órdenes de gobierno.
Una nueva política para los residuos
Villeda Temoltzin señaló que en México se generan alrededor de 140 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, mientras que en Tlaxcala la cifra rondaría las mil 500 toneladas.
El planteamiento busca que una parte de esos materiales pueda reincorporarse a procesos productivos mediante reutilización, reciclaje, recuperación y transformación, en lugar de terminar directamente en sitios de disposición final.
Entre las medidas contempladas aparece la creación de un Programa Estatal de Economía Circular, además de zonas de desarrollo circular y mecanismos para promover ferias y actividades de economía colaborativa.
La iniciativa también contempla responsabilidades para la Secretaría de Medio Ambiente y los 60 ayuntamientos de Tlaxcala, así como la participación del sistema educativo para incorporar gradualmente contenidos relacionados con producción y consumo responsables.
De aprobarse la propuesta, el Poder Ejecutivo estatal tendría 180 días para expedir el reglamento y publicar el programa estatal. Los municipios dispondrían del mismo plazo para armonizar sus respectivas normas.
El planteamiento estatal se relaciona directamente con el proceso de armonización previsto por la legislación federal, cuyo régimen transitorio otorgó a los congresos locales 180 días naturales para adecuar sus normas.
La otra iniciativa pone el foco en la ciencia y las personas con discapacidad
En paralelo, la diputada Gabriela Hernández Islas propuso reformar la Ley de Ciencia y Tecnología para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer, participar y ejercer liderazgo en actividades científicas, tecnológicas y de innovación en igualdad de condiciones.
La propuesta busca que la inclusión no quede únicamente como un reconocimiento formal dentro de la legislación, sino que se traduzca en obligaciones concretas de accesibilidad.
Entre las acciones planteadas están la orientación accesible, acompañamiento, redes de pares y capacitación para docentes y evaluadores. También se contempla la adaptación de laboratorios y una mayor cooperación con centros de investigación.
Laboratorios, plataformas digitales y nuevos mecanismos de participación
La iniciativa incorpora conceptos como ajustes razonables, diseño universal, formatos accesibles y tecnologías de asistencia, además de una perspectiva de derechos humanos.
También plantea integrar representantes de organizaciones de personas con discapacidad, con voz y voto, al Foro Consultivo y crear un Comité Técnico de Ciencia Incluyente y Accesible, de carácter asesor, plural y honorífico.
El alcance propuesto no se limita a los espacios físicos. Las instituciones científicas tendrían que considerar criterios de accesibilidad desde el diseño de sus plataformas digitales, incluidos portales de internet, sistemas de convocatorias, repositorios y mecanismos de comunicación pública.
Entre los formatos contemplados aparecen lengua de señas mexicana, subtitulado, audiodescripción y lectura fácil.
La reforma también propone crear un Programa de Ciencia Incluyente y Accesible y establecer un canal para que las personas puedan reportar barreras, solicitar ajustes y presentar quejas ante posibles incumplimientos.
Por ahora, ninguna de las dos propuestas constituye todavía una nueva obligación vigente en Tlaxcala: ambas deberán continuar su proceso legislativo y ser analizadas por el Congreso estatal antes de una eventual aprobación.
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