Tlaxcala, Tlax.- Los diputados del Congreso de Tlaxcala buscan aplicar criterios más estrictos para la aprobación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025. La propuesta plantea reducir prácticamente a la mitad el margen de tolerancia relacionado con el probable daño patrimonial detectado en los entes fiscalizables.
La modificación podría tener un impacto directo en municipios, organismos autónomos y demás instituciones públicas, ya que un mayor número de informes financieros correría el riesgo de obtener una calificación reprobatoria.
Congreso de Tlaxcala endurece la fiscalización de las cuentas públicas
La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXV Legislatura aprobó un dictamen que establece las nuevas Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025.
El principal cambio consiste en la reducción de los porcentajes permitidos en materia de probable daño patrimonial, uno de los indicadores más importantes para determinar si una cuenta pública puede ser aprobada.
Hasta el ejercicio fiscal 2024, los entes obtenían la máxima puntuación cuando el daño patrimonial representaba hasta el 2.99 por ciento del gasto devengado. Asimismo, se consideraba una calificación baja cuando el porcentaje alcanzaba el cinco por ciento o más.
Para 2025, el panorama cambia significativamente.
El margen permitido se reduce casi 50 por ciento
Con las nuevas reglas, la puntuación máxima únicamente se otorgará cuando el probable daño patrimonial se ubique entre 0 y 1.49 por ciento del gasto devengado.
Por su parte, una calificación media corresponderá a porcentajes de entre 1.5 y 2.99 por ciento, mientras que cualquier cifra igual o superior al 3 por ciento será considerada como una calificación baja.
En términos prácticos, el Congreso redujo cerca del 50 por ciento el margen de tolerancia existente, lo que podría traducirse en un mayor número de cuentas públicas reprobadas.
La medida fue impulsada por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores, con el argumento de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia del uso de recursos públicos.
Municipios y organismos podrían enfrentar revisiones más severas
El endurecimiento de los criterios impactará a los distintos entes fiscalizables, entre ellos municipios, organismos autónomos, poderes públicos y comisiones operadoras de agua.
Los legisladores consideran que una revisión más estricta permitirá detectar con mayor precisión posibles irregularidades administrativas y financieras.
Sin embargo, el resto del procedimiento permanecerá prácticamente sin modificaciones. Se mantendrán las mismas etapas, atribuciones y plazos para la revisión de los informes financieros.
Además, continuará vigente el esquema general de evaluación, mediante el cual únicamente recibirán un dictamen aprobatorio aquellos entes que alcancen 70 puntos o más.
El OFS tendrá un papel determinante en la evaluación
Otro aspecto relevante es que la revisión de las cuentas públicas dependerá exclusivamente de los Informes Individuales emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
De acuerdo con el dictamen, dichos informes deberán ser entregados al Congreso a más tardar el 15 de julio de 2026, mientras que la dictaminación deberá concluir antes del 31 de agosto del mismo año.
Asimismo, los diputados no podrán solventar observaciones emitidas por el ente fiscalizador, por lo que las determinaciones del OFS tendrán un peso fundamental en el resultado final.
Entre los diez parámetros de evaluación también se encuentran aspectos como omisiones en procedimientos de adjudicación, posibles casos de nepotismo, irregularidades fiscales y atención a recomendaciones o promociones de responsabilidad administrativa.
El cambio abre un nuevo escenario para la rendición de cuentas en Tlaxcala, pues las nuevas reglas podrían derivar en un mayor número de observaciones y dictámenes no aprobatorios durante la revisión del ejercicio fiscal 2025.
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